Opinión

El pasado sigue vivo o el presente es la repetición del pasado

 
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Contenedor. (El Financero)

En días pasados, el Secretario de Hacienda de México justificó que los presentes avatares económicos que enfrenta la economía mexicana son, todavía, el resabio de las crisis que ese país padeció en las décadas de los ochenta y los noventa ¿Es ésta una hipótesis cierta? o, por el contrario, ¿la crisis actual no es consecuencia del pasado sino su continuación en el presente? Examinemos algunos rasgos de las crisis de los ochenta y noventa y miremos hacia el presente para comparar.

LA DÉCADA DE LOS 80

Crisis de la deuda de 1982


A principios de 1982 el precio internacional del petróleo siguió experimentando una caída que ya se había percibido desde la segunda mitad de los setenta. Además, la fuga de capitales estaba en su punto más álgido y casi la mitad de la deuda externa del país tenía que pagarse en los siguientes 12 meses. En febrero de ese año el gobierno aplicó un paquete que incluía una fuerte contracción fiscal con devaluación, manteniendo la libre convertibilidad del peso. Esto fue el principio de la recesión y de una rápida aceleración de la inflación. Así que en 1982, por primera vez desde 1932, el nivel de actividad económica se redujo.

Aunque la balanza comercial se volvió positiva durante el segundo trimestre de 1982, el paquete económico no frenó la fuga de capitales post-devaluación, ni tampoco la especulación financiera que floreció en ausencia de restricciones a las corrientes de capital. La fuga de capitales se convirtió en la causa más importante del desequilibrio en la balanza de pagos y la reducción de las reservas internacionales del Banco Central. En agosto de 1982, cuando las reservas internacionales estaban casi agotadas, la corriente de préstamos internacionales a México fue de pronto interrumpida. Fue bajo estas circunstancias que el presidente anunció la nacionalización de la banca privada, las restricciones totales a las importaciones y la adopción de un sistema de control de las corrientes de capital. Era, sin embargo, demasiado tarde: las reservas internacionales estaban agotadas y la crisis había empezado

Caída de los precios de petróleo de 1986

Además de la crisis de la deuda inaugurada en 1982, la década de los 80 presenció la abrupta caída del precio mundial del petróleo en 1986. Esta caída deterioró dramáticamente los términos de intercambio de la economía mexicana, y acabó con buena parte de las reservas internacionales del país, además de debilitar, severamente, sus ingresos fiscales.

En 1982 un nuevo presidente asumió el poder ejecutivo, sustituyendo las políticas impuestas por el presidente anterior para hacer frente a la crisis: en lugar de limitar las importaciones, imponer un control de cambios y continuar con la nacionalización bancaria, se puso en marcha un programa ortodoxo de estabilización para reducir rápidamente el déficit fiscal y restaurar la estabilidad de precios y del balance de pagos. Dicho enfoque ortodoxo se mantuvo hasta mediados de 1985, y sus principales resultados fueron la reducción drástica del déficit comercial y de la cuenta corriente (debido a la contracción del gasto interno, en particular, de la contracción de la inversión tanto pública como privada) pero fracasó en estabilizar la inflación interna. Así, a finales de 1987, ante el fracaso de los programas ortodoxos para abatir la inflación, la política viró hacia un enfoque más bien heterodoxo para conseguir la estabilidad de precios: el Pacto de Solidaridad Económica . Todo ello se acompañó de un acelerado proceso de reformas de mercado, especialmente en las áreas de comercio, política industrial y privatizaciones. El Pacto tuvo un éxito relativo en cuanto a estabilizar la inflación y reactivar la economía. La tasa anual de inflación que había llegado a 160% en 1987, cayó a 20% en sólo 2 años. El aumento de la inversión privada y de la actividad económica fue escoltada con el avance en el plan de reducción de la carga de la deuda externa en 1989 (el plan Brady) y el giro de 180 grados en la cuenta de capital (con el renovado acceso de México a fondos frescas del exterior), le permitió al gobierno mexicano alcanzar sus metas cambiarias. Esto resultó en una apreciación real persistente del peso, que llevó gradualmente a una sobrevaluación del tipo de cambio real que fue finalmente corregida, de manera dramática, en 1994-1995.

LA DÉCADA DE LOS 90

A principios de la década de los noventa la economía de México ya había cerrado tanto la brecha externa como la fiscal que la crisis de la deuda y el choque petrolero habían abierto. Sin embargo, a raíz de la convicción de que la causa de la crisis en 1982 eran tanto el proteccionismo comercial como la pesada intervención del Estado en la economía, los gobiernos de las décadas de 80’s y 90’s aplicaron un ambicioso programa de reformas económicas que cubrió muy diferentes áreas: política comercial e industrial, apertura a la IED y en la cuenta de capital, privatización de empresas públicas, liberalización financiera, y desregulación de actividades económicas internas.

Reforma comercial e industrial

La primera etapa de la reforma comercial empezó a principios de 1984 con una liberalización moderada del régimen de importaciones. En 1986 México se adhiere al GATT con lo que se comprometió a continuar sustituyendo sus controles a la importación por aranceles y seguir con la reducción de tasas arancelarias. La liberalización comercial se intensificó a finales de 1987 en el marco del Pacto de Solidaridad. La fase culminante de la reforma comercial de México fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual profundizó aún más el proceso de apertura comercial empezado diez años antes e institucionalizó, formalmente, la estrategia de liberalización comercial de México, con una perspectiva de largo plazo. El gobierno mexicano concibió el TLCAN como un factor para impulsar tanto el comercio como las corrientes de inversión extranjera directa de México con EUA y Canadá, lo que supuestamente sería la piedra clave para insertar a México en la senda de un alto y sostenido crecimiento económico, impulsado por las exportaciones, que elevaría la productividad el empleo.

En términos industriales se eliminaron los subsidios crediticios, incentivos fiscales, esquemas de protección comercial y requisitos de desempeño en términos de comercio exterior. Se inauguraron nuevos programas (orientados a la explotación de las ventajas comparativas estáticas de México) que fueron incapaces de identificar y poner en práctica propuestas significativas para la solución de los problemas estructurales industriales por la baja magnitud de los recursos financieros asignados, y se instauró un programa de política industrial y comercio exterior que eliminó la posibilidad de regresar al proteccionismo y al uso de subsidios fiscales o financieros para promover las exportaciones o inversión.

Liberalización de la inversión extranjera y apertura de los mercados financieros

Se sintetiza en las medidas de 1989 que abolieron todas las regulaciones y resoluciones administrativas de la ley de inversión extranjera (IED) de 1973. La ley de 1993 eliminó la restricción del máximo de participación de IED 49% y el número de sectores restringidos para la propiedad extranjera. La liberalización y apertura de los mercados financieros locales se inició en 1988 con diversas medidas que liberalizaron las tasas de encaje legal sobre las reservas y los topes máximos para las tasas de interés, se unificaron los tipos de cambio-libre y controlado- y eliminaron el control de cambios adoptado durante la crisis en 1982.

La urgencia de privatizar las empresas públicas se asoció más con la necesidad de aliviar las severas restricciones al financiamiento de la inversión pública y reducir la carga administrativa del sector público. El objetivo era también reducir el papel del Estado en la economía. El proceso de privatización tuvo dos etapas: en 1983 y 1989. La primera, con el Presidente de la Madrid, estuvo más ligada a la necesidad de aliviar la carga en el gasto público, propia de la deuda; la segunda, con Carlos Salinas de Gortari, estuvo caracterizada por el convencimiento de que la intervención del Estado en la economía había sido excesiva y fue la fuente de distorsión que minó el potencial de crecimiento y propició la inflación.

Sin duda, las décadas de los ochenta y los noventa enfrentaron circunstancias particulares que hoy no necesariamente están presentes, y requirieron decisiones específicas. Sin embargo, las políticas adoptadas en ambas décadas siguen siendo, básicamente, las mismas. Por ejemplo, el abandono, por parte del Estado, de políticas de apoyo sectorial que expuso, en condiciones de competencia desigual a productores mexicanos versus el mercado internacional ante la firma de tratados comerciales, principalmente el TLCAN. La asimetría de las condiciones en la participación en el mercado, arruinó a productores mexicanos con los consecuentes efectos en el cierre de empresas e impactos negativos hacia atrás y hacia adelante en la cadena productiva.

Hoy incluso se ha profundizado la política de dejarle al sector privado áreas estratégicas de la economía. En los ochenta y noventa fue la alimentación, las telecomunicaciones, el sistema financiero. Hoy es el sector energético. Y el asunto va más allá de la disputa de si, como aconseja la teoría, eso es lo correcto o lo contrario. El tema es que resultados ha arrojado. En todos los casos han generado desempleo, deterioro en el nivel de bienestar de los involucrados directamente en el sector económico correspondiente, pérdida de conquistas sociales y mayor concentración económica. Para que la “libre competencia” genere magros resultados económicos positivos, no es la primera la que ha logrado eso sino el diablo, el Estado, que ha querido ser exorcizado. Las tarifas eléctricas, las de las comunicaciones han “descendido” como resultado de la intervención del Estado, no de la competencia.

Entonces lo que vivimos es la continuación del pasado, profundizado y adaptado a las circunstancias del presente. México está creciendo poco y es muy desigual porque los que diseñaron las políticas públicas son los maestros de quiénes hoy están produndizándolas. Luis Videgaray no es un personaje que arriba a la Secretaría de Hacienda por sí mismo. Hereda las enseñanzas de Pedro Aspe, conspicuo reformador ortodoxo de la economía mexicana. Los tomadores de decisiones están convencidos que el pasado fue correctoy, como decía Gil Díaz, necesitan ser profundizadas para que en verdad operen.

Así que las falencias de hoy se empezaron a fraguar hace 35 años y como reza la expresión coloquial: la mata sigue dando.

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