Opinión

El paraíso de los zánganos

10 febrero 2014 4:23 Última actualización 29 octubre 2013 5:2

 
Antonio Cuéllar Steffan
 

Un examen profesional me condujo a una larga discusión sobre la pertinencia de reconocer el derecho a la educación universitaria gratuita como un derecho fundamental. No tiene por qué haber oposición a su elevación a rango supremo como principio, pero esa prerrogativa de toda persona no tendría por qué convertirse en una carga económica para el Estado, cuando además, ni todos los individuos tienen la capacidad y el deseo para estudiar, y de estos no todos tienen la necesidad de un apoyo presupuestal.
 

Esta moda de reconocer derechos humanos indiscriminadamente puede ser desastrosa para el mantenimiento de un balance positivo de las finanzas del Estado. La muestra la hallamos en los servicios universales de salud y vivienda.
 

En el informe de labores del IMSS 2012-2013, se refleja la composición de su gasto al 31 de diciembre pasado, por 301 mil 65 millones de pesos, del que 44.9 por ciento corresponde a sueldos y prestaciones de los trabajadores del propio Instituto. Sobre el régimen de jubilaciones, pensiones y prima de antigüedad de los trabajadores de la misma paraestatal, expresamente se reconoce que, el registro contable del costo neto del período de las obligaciones laborales, de llevarse a cabo, implicaría la determinación de un resultado desfavorable para el Instituto por 666 mil 219 millones de pesos en ese ejercicio.
 

En el ámbito de la construcción de vivienda, las principales empresas dedicadas a la construcción de habitación de interés social atraviesan momentos azarosos con motivo de la asunción de pasivos desproporcionados con relación al mercado que debían atender. El desarrollo inmobiliario indiscriminado y sin planeación, produjo que el Infonavit recuperara más de 290 mil viviendas abandonadas, de las cuales 180 mil serán adjudicadas a las mismas empresas a las que se vendieron originalmente. Se habla de la posibilidad de más de 5 millones de viviendas abandonadas.
 

Los problemas señalados apuntan a una deficiencia en la obtención de fondos para atender a las personas que necesitan servicios médicos, y otra en la administración de aquellos que, existiendo, se han canalizado a construir obra para personas que no demandan habitación.
 

En este estado de cosas se aprobó por la Cámara de Diputados una iniciativa del Presidente de la República para incorporar en los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución el derecho humano a la pensión para adultos mayores y el seguro de desempleo. ¿Es justa la carga presupuestal que un derecho fundamental de esta naturaleza traerá aparejada para las generaciones de contribuyentes más jóvenes?
 

Ya en publicaciones pasadas sugeríamos que los apoyos económicos a los adultos deberían fincarse en forma exclusiva a favor de quien los necesitara y, además, en forma subsidiaria con relación a quienes debieran tener la responsabilidad primaria de atenderlos.
 

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que fue aprobado por el Pleno contiene una remisión y un señalamiento a los convenios internacionales que puede ser un salvavidas para esta nueva prerrogativa ciudadana. Se incluyó el alcance de los compromisos alcanzados por México en convenciones internacionales sobre la vejez.
 

La pensión para los adultos será un apoyo y, como tal, será subsidiario, en los términos en que lo prevean las leyes secundarias que habrán de emitirse. Pero además, la verdad de las cosas es que la obligación del Estado, que vigilarán los jueces, correrá siempre en función de su capacidad presupuestaria y del grado de crecimiento o desarrollo económico del país.
 

De esta manera, se conserva el principio general por virtud del cual nadie está obligado a lo imposible. Una eficiente administración de los recursos y una progresividad limitada de los derechos universales que reconoce la Constitución, pueden ser un nuevo modelo a seguir tratándose de la nueva conformación de nuestro tejido social. Es válido y legítimo dignificar la vida de las personas; pero ilógico sería construir un paraíso de zánganos.