Opinión

El país de los secretos

 
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Inai. (Formato Siete)

Es incuestionable el avance institucional que nuestra joven e imperfecta democracia ha logrado en 25 años. Hoy tenemos un país con mejores marcos jurídicos, con una serie de derechos avalados y respaldados por instituciones que, con múltiples defectos, pero han logrado aportar algo de civilidad a la convivencia social mexicana.

El INE, el IFAI, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, parecieran instituciones que otorgan solidez a la vida democrática de México. Por lo menos, esa es la razón de su existencia.

Sin embargo, en este país vivimos el mundo al revés, donde desde la ley y el propio marco institucional se diseñan caminos para burlar la rendición de cuentas, la transparencia consignada en la Constitución, el combate a la impunidad y… ya de la corrupción ni hablamos.

Ahora nos enteramos que el propio INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) 'orientó', 'sugirió' o 'asesoró' al Cisen a resguardar bajo secreto hasta 2027 los contratos que esa entidad del gobierno mexicano ha sostenido con empresas extranjeras especializadas en espionaje. Es decir, le enseñó al Centro de Información y Seguridad Nacional el camino 'legal' para no ser transparente, para no informar a la sociedad.

Es tan delicado este punto porque rompe el propósito institucional del IFAI y tiende un velo paternalista bajo el argumento de seguridad nacional, un mar de tinieblas donde se pueden esconder todo tipo de secretos. Aquellos –los menos– que en efecto estén relacionados con la seguridad del Estado mexicano y su población; pero muchos otros –los más– que están relacionados con actividades políticas, al servicio del partido en el gobierno, disfrazados de seguridad nacional.

En plena crisis del espionaje gubernamental a periodistas y líderes sociales, el Cisen resguarda –esconde– información de todos los programas de software adquiridos por este y tal vez otros gobiernos, para 'vigilar' a sus ciudadanos; para espiar a críticos del gobierno; para perseguir, manipular y amedrentar (la llamada del consejero Lorenzo Córdova del INE donde hacía mofa de unos representantes indígenas) a ciudadanos, a activistas que pretenden construir un país más igualitario, más transparente.

Esa NO es seguridad nacional. Ese es espionaje político al servicio de la clase gobernante; ese es el uso de instituciones del Estado (el propio Cisen) para fines particulares de un político, funcionario o servidor público.

Pero todo va al oscuro triángulo de los secretos.

No sabremos de los contratos de Pegasus, o de Galileo con el hacking team italiano, ni de ninguna otra alianza o relación comercial con empresas de espionaje.

A secreto se fue la deuda de los Moreira en Coahuila; hasta 2024 los ciudadanos de ese estado y de todo el país, no tendremos derecho a conocer la información en detalle de los gastos, pagos y destino de una deuda contratada a nombre de Coahuila.

A secreto fueron los estados financieros del segundo piso de Andrés Manuel cuando era jefe del Gobierno capitalino (2000-2005) seguramente bajo la premisa de que nuestra inmadurez ciudadana sería incapaz de 'comprender' los enormes servicios prestados a la ciudad por tan costosa obra.

A secreto el escándalo del software espía usado ilegalmente contra comunicadores y activistas.

¿Dónde estamos? Parece más una dictadura que esconde y protege información que pueda resultar adversa al régimen. Que lo disfraza con un barniz de información sensible y delicada para la seguridad nacional. ¡Qué desfachatez!

¿Qué tiene que ver la seguridad nacional con el excesivo e ilegal endeudamiento de los Moreira?

¿En qué se afecta la información reservada por conocer un presupuesto por un puente elevado?

La naturaleza del Cisen es el espionaje, es advertir, prevenir, vigilar riesgos y potenciales peligros para la población, para el Estado. Pero su función no consiste en vigilar a los críticos, a los inconformes, a quienes piensan diferente y lo expresan amparados en el marco de libertades que, hipotéticamente, garantiza la ley.

El Cisen no está al servicio del gobierno en turno, su función no consiste en monitorear a sus opositores y, sin embargo, se presta a ello. ¿La ley lo permite? o ¿se trata de una flagrante violación del Cisen, de Gobernación, de Los Pinos?

Todo el avance institucional de los últimos 25 años se diluye cuando vemos prácticas que se remontan a los años 60 y 70 en la vida política de México.

El enviar la información al cajón de los secretos sólo sustenta la sospecha, fortalece la desconfianza y vigoriza un paternalismo estatal que, a pesar de los años y la transición, no podemos eliminar.

Twitter: @LKourchenko

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