Opinión

El país de la opacidad

 
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Ciudad de México

Nada cambia, nadie se altera, tampoco se escandalizan. Será que ya nos acostumbramos y que nuestra cultura política y de percepción ciudadana está acorde con los excesos, cinismos y abusos de los funcionarios.

Esta semana dos gobernadores salientes, el ilustre señor Duarte de Veracruz tal vez el peor gobernante de esa entidad en su historia, prácticamente aseguró la designación transexenal de fiscales y auditores que vigilarán la no revisión de cuentas, la opacidad característica de nuestra cultura política. El otro, prócer de la honestidad y la transparencia, el señor Borge de Quintana Roo, quien siguió el ejemplo del veracruzano, designó igualmente auditor y procurador fiscal por los siguientes nueve años para que las cuentas del propio Borge queden aseguradas.

Son hechos inéditos en la historia política de México no porque no hayan habido intentos previos –como Marcelo Ebrard pretendiendo controlar la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino a su salida del cargo, hecho que Mancera no permitió–, sino porque no habían encontrado los mecanismos jurídicos y “legales” para conseguirlo.

Resulta un insulto a la ciudadanía, al electorado que ya los castigó con un elocuente voto en contra, pretender ahora blindarse con funcionarios que protejan sus espaldas e impidan investigaciones a los gastos de su administración.

El papel de los congresos locales es igualmente vergonzoso, por aprobar y autorizar los evidentes intentos de encubrimiento y trapacería.

Esos, los ilustres representantes populares en esas entidades, traicionan al electorado que los votó por proteger los oscuros e ilegales intereses de los gobernantes que se van.

Miguel Ángel Yunes en Veracruz ya presentó una denuncia penal en contra de Duarte quien, hay que decirlo, aún goza de fuero. Carlos Joaquín en Quintana Roo hace un tímido llamado a que su enemigo político y antecesor Roberto Borge no se salga con la suya y escape a la justicia.

¿Y el gobierno federal? ¿Y la Secretaría de la Función Pública? Igualmente opacos y omisos.

Pero vea usted el pobre y penoso papel del empresariado mexicano en el debate por el veto de la 3de3. Ufanos, ofendidos, los señores empresarios protestaron en el Ángel, visitaron al presidente y expusieron –demandaron– el veto para el artículo 32 que señalaba la obligatoriedad de presentar la 3de3 –declaración fiscal, patrimonial y de intereses– a todo proveedor, vendedor o prestador de servicios y artículos de todos los niveles de gobierno. Era, dijeron y la razón les asiste, un instrumento burocrático que perjudicaría enormemente la proveeduría de servicios.

El presidente escuchó y atendió. Pero no dijeron nada los señores del capital respecto al otro artículo en debate: el 29, que obliga a los servidores públicos a publicar su declaración para la vigilancia y el escrutinio público. Los representantes de la IP defendieron lo suyo, no el interés ciudadano de empoderar una iniciativa que sirva de freno y dique a la corrupción rampante. Penoso comportamiento.

Como lo fue también el de ambas cámaras que –en cumplimiento de la ley– recibieron los 10 puntos presidenciales de revisión a la iniciativa, corrigieron y votaron. No bastó con la abundante reacción social en contra, de la crítica persistente por difundir y publicar dichas declaraciones, ellos sólo acataron el mensaje de la casa presidencial.

Y por último, el licenciado Castillejos, asesor jurídico de la Presidencia, bien podría haber corregido y comentado el controvertido artículo 29, en atención al reclamo de la ciudadanía. Pero a esa nadie la escucha, porque nadie la representa. Los empresarios fueron y se quejaron, pero la demanda social extendida de colocar ese candado de obligatoriedad a servidores públicos fue ignorada. Penoso comportamiento de la Presidencia y del titular del Ejecutivo, quien tampoco consideró relevante atender el extendido reclamo de organizaciones y ciudadanos.

Todos construyen sus discursos con la retórica de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la apertura y la vigilancia ciudadana. En los hechos, sus acciones demuestran lo contrario. Se niegan a la indispensable transparencia en un país donde los niveles de corrupción resultan escandalosos.

Ni el presidente, ni los empresarios, mucho menos los legisladores, peones indiscutibles del sistema de partidos, se atrevieron a derribar uno de los grandes muros cuya sombra protege los patrimonios mal habidos de cientos, tal vez miles de funcionarios.

¡Que viva la cultura de la opacidad!

Twitter: @LKourchenko

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