Opinión

El "pacto" tendrá que esperar

No habrá pacto, acuerdo o convenio “por el Estado de derecho’’ al que convocó el presidente Enrique Peña ni hoy ni en la próxima semana.

La redacción del documento político se sigue negociando con los partidos y los grupos de la sociedad civil que se han especializado en el tema de la seguridad.

Lo que ha quedado claro es que con el acuerdo no se busca sustituir las obligaciones de cada uno de los firmantes, sino consolidar un convenio que comprometa a los ojos de la ciudadanía a todos los involucrados a colaborar con el fin de abatir los índices de violencia que azotan al país.

Principalmente, a los partidos políticos para que en la selección de sus candidatos a las elecciones del próximo mes de junio pongan especial atención para no incurrir en errores ni complicidades –por acción u omisión– que luego terminan en tragedias.

Se buscará también retomar compromisos firmados al inicio de la administración de Peña que involucren un papel más activo del Legislativo y del Poder Judicial, a fin de que sus decisiones se vean también reflejadas positivamente en las estadísticas sobre inseguridad.

El documento sigue trabajándose porque el propósito presidencial es que se traduzca en acciones concretas más que en una lista de buenas intenciones.

Para ello los actores deberán establecerse metas y objetivos precisos, que sean medibles, porque lo que no se puede medir generalmente queda en el limbo.

Peña se irá a China, como lo tenía previsto, pero dejará a sus operadores en la negociación para apresurar la redacción de este nuevo intento político por involucrar a todos los actores sociales en la lucha contra la inseguridad.

Evidentemente, el primer paso lo tiene que dar el gobierno.

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Por lo que se ha visto en las “negociaciones’’ entre los representantes de un sector del Politécnico y la delegación del gobierno federal, los primeros están apostando al “o todo o nada’’.

La designación del nuevo director es una facultad de la Secretaría de Educación Pública que está siendo consultada con la delegación estudiantil a la que ningún procedimiento o candidato les parece.

Igualmente, de lado de los estudiantes –al menos de los que están en la mesa negociando–, hay una resistencia para pactar el regreso a clases de toda la comunidad estudiantil.

Y eso pues no es negociación. ¿O sí?

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A partir de ayer la portabilidad numérica, es decir, el cambio de una compañía de telefonía móvil o fija sin que el cliente pierda su número telefónico, tendría que aplicarse en un plazo de 24 horas.

Pero como el Ifetel se ha encargado de burocratizar el procedimiento, a pesar de que organizaciones de consumidores y legisladores han señalado la anomalía jurídica que esto representa, las compañías siguen esperando –y por lo tanto perjudicando a los consumidores– a que los comisionados establezcan las reglas para cumplir con ese mandato.

Ya el senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, advirtió que los comisionados podrían ser sujetos de un procedimiento administrativo si no hacen cumplir el mandato que se les dio en la reforma de telecomunicaciones.

La advertencia, sin embargo, fue como un llamado a misa.