Juan Antonio García Villa En homenaje a don Juan Manuel Gómez Morín, mexicano ilustre, fallecido esta semana. Sobre el llamado Pacto por México, firmado el 2 de diciembre último por el Ejecutivo Federal y los dirigentes nacionales de los tres principales partidos políticos, todo el mundo habla, opina y lo invoca. Pero es probable que sólo muy pocos de los que sobre él hablan, opinan o lo invocan, realmente lo hayan leído. De ser así, estarían conscientes de que en el apartado 5 de ese documento, precisamente en el compromiso número 3 del mismo, se dice que: “para generar mayor certidumbre, transparencia y estabilidad del sistema político en su conjunto” los firmantes asumen el compromiso, entre otros, de “crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales” Tal como arriba se transcribe, se lee claramente en el documento signado, del que tanto se habla. Más todavía, en el cuadro que al final resume los compromisos, los ordena y les asigna sus tiempos de ejecución, se puede ver lo siguiente: Por cuanto hace al compromiso número 90, relativo a la reforma electoral, las correspondientes modificaciones legales se convino en presentarlas durante el segundo semestre de 2013. Lo cual precisamente ya sucedió por lo que hace a los dos partidos de oposición firmantes, Acción Nacional y el PRD. El mismo cuadro indica que el “inicio de la implementación” de la reforma electoral se habrá de llevar a cabo en el curso del primer semestre de 2014. Conforme al sentido común, sólo es posible llevar a cabo tal implementación si previamente es aprobada la legislación que sustenta dicha Reforma. En consecuencia, no sólo la presentación sino también la aprobación de los cambios jurídicos deben tener lugar en el semestre en que estamos. La lógica así lo indica. El cuadro que sintetiza los compromisos del Pacto es aún más explícito. Señala que esta reforma electoral debe tener su “culminación” (así la llama) durante el segundo semestre de 2014. La secuencia y claridad en los tiempos no deja lugar a duda. Al menos, claro, que alguno de los firmantes ahora olímpicamente se pretenda echar para atrás. Pero debería tener, de ser el caso, la honradez política de así decirlo, lo que hasta ahora no ha sucedido. Una última columna del cuadro sintetizador hace referencia a si la “Implementación (está) sujeta a la aprobación de la reforma hacendaria”, y claramente dice que NO. Es decir, que la reforma electoral no está sujeta a esta condición o requisito. Entonces si alguien quisiera invocar este pretexto, el mismo Pacto por México cierra de manera categórica tal posibilidad. Es decir, la reforma electoral no está sujeta a la aprobación de la hacendaria. Desde otro ángulo, también quiere decir que su implementación no necesita de recursos presupuestarios.
La cuestión está en que como el gobierno y el PRI en el fondo no están de acuerdo en la creación de una sola autoridad electoral que se encargue de todos los comicios, tanto locales como federales, porque en las siguientes elecciones perderían casi sin remedio la votación en los estados en los que hasta ahora no ha habido alternancia, sencillamente están arrastrando los pies. Seguramente por las presiones que han de estar ejerciendo una docena de gobernadores. Y para darles gusto descalifican la posición de Acción Nacional y del PRD sobre el punto. Acuden al efecto a la caterva de columnistas oficiales y oficiosos con que cuentan para lanzarse virulentamente contra la oposición, por el solo hecho de exigir el cumplimiento de lo pactado. La verdad, no se vale.