Opinión

El Pacto contra la corrupción y la impunidad

En la organización de las marchas y en la materialización de los destrozos, viene revelándose con claridad la intervención de un director, de una estrategia, de un plan que, de confirmarse, advierte un propósito desestabilizador. Se trata, sí, de un reclamo sustentado en una demanda legítima y añeja: la desatención de una ciudadanía asediada por los delincuentes hasta la saciedad; pero ante todo, de una perversa fórmula para lograr el descarrilamiento de un proyecto que se ha venido construyendo por una mayoría ciudadana y parlamentaria desde hace dos años.

No podemos sino sumarnos a la fuerza y contundencia de la advertencia expresada por el Presidente y el Secretario de Gobernación la semana pasada, de que no existe reclamo alguno que pueda plantearse, por justo que sea, si los medios para expresarlo van en contra de los límites que establece la ley.

En la marcha ciudadana contra la delincuencia organizada no podemos caer en el desatino de permitir el quebrantamiento del derecho. La violencia que buscan llamar la atención por el hartazgo contra el temor en el que viven sumidas comunidades enteras de la sierra de Guerrero, constituye una acción que adolece, en su origen, del mismo vicio repudiable que se pretende erradicar. Una equivocada petición de principio.

Los hechos recientes nos reflejan la existencia de corrientes de pensamiento que no se han atendido y que no se pueden soslayar: una ciudadanía propositiva que, aún ante la discrepancia de criterios, se suma al objetivo común de mejorar el país por la vía de la consolidación de un auténtico estado de derecho; y, una ciudadanía manipulada que persigue la violencia como conducto para la desestabilización nacional, a través de lo cual lograr infundir un temor y una inconformidad generalizada de la gente con su gobierno, como vía para acceder al poder. ¿Cómo reaccionar ante ellas?

Se ha hablado ya de la necesidad impostergable de alcanzar la firma de un nuevo acuerdo nacional entre la ciudadanía y el gobierno, para la recuperación de la paz y la observancia de la legalidad. No creemos que exista una representación ciudadana válida más allá de las que permiten nuestras leyes. ¿Quién firmará un Pacto desde la ciudadanía que goce de la necesaria aceptación universal? No perdamos de vista que, uno de los problemas que se deben atender ha consistido, precisamente, en la exclusión impensada de grupos minoritarios que no han participado en la firma y ejecución de los acuerdos alcanzados. El nuevo compromiso lo deben firmar los partidos y organizaciones políticas legalmente concebidos, los sujetos a quienes más ha de exigirse en este nuevo periodo.

Nunca más que ahora había sido más apremiante recuperar la dirección y la gobernabilidad en el país. Sin embargo, la gente desconfía de sus instituciones, no encuentra en su clase política a un intermediario moralmente legitimado para expresar su sentir y su pensar político más vigente y más auténtico.

Dos problemas deben enfrentarse con prontitud y acierto: uno, el replanteamiento de la actividad política entre quienes participan en ella, a través de su profesionalización, a través de la purga más efectiva de criminales entre sus filas y en la actividad gubernativa en lo general, y a través de la rendición puntual de cuentas; y, otro, el impulso de un sistema jurídico que sirva para eliminar, perseguir y castigar con absoluta severidad cualquier práctica de corrupción en todos sus niveles, inclusive en el ámbito privado.

Es absolutamente oportuno el nuevo Pacto contra la Impunidad, una segunda parte que se encamine a la atención de los dos temas anteriores. Sin embargo, una diferencia primordial que debería diferenciar a éste del anterior, estriba en la insoslayable necesidad de construirlo como un acuerdo absolutamente inclusivo, un Pacto al que concurran todos los actores políticos, todos los partidos y grupos de representación política nacional, en primer lugar --los que no han tenido cabida hasta ahora en el Pacto por México--. Este gran acuerdo democrático contra la corrupción, contra la ilegalidad como modo de vida, nos concierne a todos, nos obliga a todos. Sin embargo, como veníamos diciendo, esto sólo concierne a las corrientes de oposición propositivas, a las que persiguen la conformación del anhelado Estado de Derecho.

Siendo desde luego necesaria la erradicación de la criminalidad, resulta igualmente urgente que el Gobierno de muestras firmes y contundentes de su capacidad y deseo de hacer valer el derecho frente a toda persona. Los intentos de descarrilamiento nacional, como se han evidenciado, no pueden ser una muestra más de impunidad con la que debamos convivir en lo sucesivo. No puede existir una oposición legítima cuando su objetivo último va en contra de México y de sus instituciones. Es pertinente procesar y sancionar a quienes buscan a toda costa y para beneficio suyo, el mal de los mexicanos.