Opinión

El Ojo Ciudadano

Alberto Serdán

Las leyes se aprueban por mayoría, pero a la hora de aterrizarlas corren el riesgo de una orfandad que las vuelva inoperantes. La implementación de los cambios normativos es fundamental. Es una tarea que no puede ser ajena a la vigilancia ciudadana. Ante la potencial indolencia de las autoridades, mostrada ya en otras reformas constitucionales, un ojo crítico y exigente es indispensable. En educación, lo es aún más.

La reforma política de las instituciones encargadas de la educación elevó a rango constitucional un servicio profesional docente, con evaluación obligatoria y concurso de las plazas, tanto para iniciarse en el magisterio como para ocupar puestos directivos y de supervisión. Se instauró un organismo público autónomo a cargo de la evaluación del sistema educativo nacional. Se estableció que los agentes del sistema educativo deben justificar su selección de métodos, materiales, y condiciones a la luz del máximo logro de aprendizaje de los alumnos; y se creó un Sistema de Información y Gestión Educativa. Todos estos cambios requirieron de una legislación secundaria que ya ha sido aprobada. Ahora la clave es la implementación.

Hay avances. Ya se integró la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en tiempo y forma; se creó en la SEP el órgano desconcentrado encargado del Servicio Profesional Docente; el INEE ha publicado ya su programa anual, el calendario y los lineamientos para la implementación de los concursos y procesos de evaluación establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente; y se ha armonizado la legislación en algunas entidades federativas, esperando que para el 12 de marzo todas lo hayan hecho apegadas en forma y fondo a los lineamientos de la Carta Magna. Asimismo se ha llevado a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial y se ha reformado la ley para contar con una nómina nacional que ponga en orden el pago a los docentes. La implementación va.

No obstante, la experiencia señala que aterrizar políticas es terreno fértil para limitar su potencial transformadora. Hacer que una reforma opere es la parte menos glamorosa del ciclo de las políticas públicas, pero, por su importancia, debería ser diferente. Por ello 96 organizaciones e iniciativas de diversos ámbitos han decidido lanzar El Ojo Ciudadano (www.elojociudadano.org), para señalar que la clave de la reforma en materia educativa aprobada por el Congreso es su implementación. En El Ojo Ciudadano se resaltan las acciones fundamentales, fechas y responsables de aterrizar esta reforma.

El Ojo Ciudadano busca generar un sentido de urgencia y exigencia a las autoridades responsables para que cumplan con los tiempos establecidos en la reforma. También propone informar y prevenir ante la simulación, la excepción o el atraso, e invita a participar en acciones específicas de observación ciudadana para verificar que las reformas generen los cambios esperados en la práctica.

En el portal puede encontrarse una lista exhaustiva de las acciones de implementación, y también una selección de las más relevantes con un semáforo que advierte, en color rojo, una fecha vencida que indica que la autoridad está en falta. En amarillo se indica que se avecina la fecha límite a tan sólo 30 días. En verde se estima que la autoridad va en el tiempo establecido. En los casos en que se dejó fecha abierta, las organizaciones plantearon plazos límite para su aplicación, con base en la lógica causal de aplicación de la reforma.

Pero más allá de cumplir la ley –de suyo vital, también está la urgencia por mejorar el sistema educativo. Está el apremio por contar con docentes que tengan una formación idónea para la alta responsabilidad de estar al frente de las aulas, donde su ingreso, permanencia, promoción, estímulos y reconocimientos estén en función de criterios académicos y profesionales y no políticos y sindicales. Es obligado que el gobierno ejerza el gasto de forma transparente y eficiente. Que haya más participación social, en particular de los padres de familia, para empujar a la educación. Que se recupere la rectoría del Estado no para un ejercicio discrecional, arbitrario y opaco sino para que se devuelva el carácter verdaderamente público a la educación en un contexto democrático de rendición de cuentas.

Y más importante, está la urgencia de que cambien las prácticas docentes dentro de las aulas, exista infraestructura digna, relaciones adecuadas y mejoren los aprendizajes de los alumnos para que se formen personas libres, ciudadanos activos, críticos, reflexivos, propositivos y responsables con una estrategia central de ampliar la cobertura educativa, pero con altos estándares y sentido de colaboración, equidad y pertinencia.

Para que ello ocurra se necesita, entre otras muchas otras cosas, implementación, implementación e implementación. No debe olvidarse. Debe echarse ojo.
Coordinador de Activación Ciudadana en Mexicanos.