Opinión

El nuevo vicegobernador de Michoacán


 
El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, nombró al ex procurador del Estado de México y hasta ayer procurador federal del Consumidor, Alfredo Castillo, como Comisionado Federal de Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán.
 
Se trata en realidad de un nombramiento político más que policiaco.
 
De acuerdo al Decreto para su creación, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el nuevo comisionado tendrá entre sus tareas “formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientadas a la prevención de delitos, fortalecimiento institucional, reconstrucción del tejido social, restablecimiento de la seguridad y desarrollo’’.
 
 
Es decir, que no sólo se dedicará a coordinar a las fuerzas federales en Michoacán, sino que su labor será más profunda y compleja.
 
 
En términos reales, Castillo será una especie de vicegobernador -o gobernador, dada la nulidad demostrada por Fausto Vallejo-, al que le corresponderá atender lo que hasta ahora ningún plan de gobierno ha hecho: reconstruir el tejido social, en donde se incubó la cepa que dio origen a todo el problema.
 
 
Castillo sustituyó a Alberto Baz Baz en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, luego del asesinato de la niña Paulette Gebara Farah; él concluyó con las investigaciones, cuyos resultados aún son objeto de una dura polémica.
 
 
Inició el sexenio en el gobierno federal como subprocurador en la Procuraduría General de la República; le correspondió preparar el sustento legal para lograr la detención de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.
 
De la PGR, Castillo fue enviado a la Procuraduría Federal del Consumidor, en sustitución de Humberto Benítez Treviño; en la Profeco, Castillo se destacó por una intensa campaña en contra de establecimientos como hoteles y restaurantes que no cumplían con las normas y abusaban de sus clientes.
 
Su última acción fue la clausura de varias sucursales de casas de empeño, cosa que le ganó carretadas de reconocimientos.
 
 
Hoy enfrenta sin duda el reto más grande de su carrera política.
 
 
Y para completarlo, tiene no sólo el respaldo del secretario de Gobernación sino del propio presidente de la República, urgidos de ofrecer resultados a la población michoacana.
 
Suerte.
 
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Por cierto, muchos de los delegados federales en Michoacán están haciendo maletas.
 
 
Sucede que el decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, faculta al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para “solicitar que los titulares de las dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo Federal designen o remuevan a los servidores públicos bajo su adscripción que ejerzan funciones por delegación, comisión o mandato en el Estado de Michoacán”.
 
 
Esto, según el propio decreto, “para la consecución del objeto del presente Decreto y el eficaz desempeño de las funciones del comisionado’’.
 
En pocas palabras, habrá purga de funcionarios federales en el estado.
 
¿Será por sospechas o por certezas? Es pregunta.
 
 
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El pleito entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero tiene como víctima colateral al coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, que ha sido objeto del fuego del senador y ex secretario de Hacienda.
 
 
Y más allá de las acusaciones sobre si Villarreal está o no dentro del grupo de legisladores que piden una comisión por gestionar recursos a municipios, cosa que ni se ha investigado y desde luego tampoco comprobado, pareciera que el pleito Cordero-Villarreal no sólo tiene sustento en las diferencias políticas, sino en los celos profesionales, pues el diputado Villarreal presume reformas que sin duda le hubieran interesado al senador para presumir un domingo.
 
 
¿Será?