Opinión

El negocio

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El próximo 7 de junio habrá elecciones en México (Cuartoscuro)

Arrancaron ayer las campañas electorales que en nueve semanas culminarán en las urnas. Decenas de miles de personas compiten por 500 diputaciones federales, nueve gubernaturas, casi 600 diputaciones locales y poco menos de 900 alcaldías. Algunos de ellos, no lo dudo, interesados en aportar algo a la sociedad. La mayoría, porque se trata de un buen negocio.

La política es un buen negocio en todo el mundo. Se trata de participar en la toma de decisiones que afectan a toda una región, o incluso al país. Esas decisiones siempre tienen costos y ganancias, perdedores y ganadores. Quien toma la decisión puede evitar ser perdedor, y orientar las ganancias, sea a sí mismo, a su grupo, a sus votantes. En un sistema autoritario, esto no tiene discusión, y es sólo al interior del grupo dominante que hay que cuidar que la cosecha de ganancias no sea excesiva, o que los costos vayan en una sola dirección. Equilibrios ineludibles para evitar complicaciones. En las democracias, los candidatos representan a ciertos grupos de la sociedad, sus votantes, y cuando puedan decidir intentarán asignarles ganancias. Si no lo logran, será difícil que después consigan votos. Esto, reitero, es perfectamente normal.

En México, además de lo descrito, arrastramos ciertas costumbres de los tiempos autoritarios. Los ganadores de la Revolución consideraron justo que la patria les retribuyese por sus esfuerzos y entendieron los puestos como de su propiedad. Todo era suyo: oficinas, edificios, talleres, transportes, incluso el personal que utilizaban para sus asuntos personales. El reciente escándalo del señor Korenfeld pertenece a esta venerable tradición, respetada por prácticamente todos los políticos en México, pero evidentemente odiosa para la población.

Además del patrimonialismo, que así se llama, en México se consideró perfectamente razonable el aprovechamiento del puesto público para los negocios privados. Así, los familiares de Villa regenteaban antros de mala muerte en Chihuahua, Obregón se asignaba créditos del Banco Agrícola, Calles construía ingenios de su propiedad con dineros públicos, Alemán y Echeverría orientaban las inversiones hacia sus terrenos. Los pueblos en donde había nacido algún político celebraban su encumbramiento, porque algo se derramaba en el terruño. Tráfico de influencias, información privilegiada, desviación de recursos, todo un surtido de posibilidades.

Finalmente, en esos tiempos en que ninguna información era pública, se podía disponer del presupuesto sin mayor problema. Buena parte de los recursos se utilizaba para cimentar la carrera política, pero algo también servía para construir el patrimonio familiar. Esto es lo que más se asocia con corrupción, aunque todo lo anterior también cae en ese término.

Para una persona normal en el mundo civilizado, es lógico que todo esto es corrupción: usar recursos que son del cargo y no personales, tomar decisiones para enriquecerse, o directamente apropiarse del presupuesto. Sin embargo, para los mexicanos, especialmente los políticos, eso no es tan evidente. Una cantidad muy importante de personas (políticos y privados) hace uso de recursos que no son suyos, sino del cargo, desde material de oficina, medicinas, autos, personal, hasta helicópteros y aviones. Y es raro que alguno de ellos tenga escrúpulos al respecto, lo consideran parte del sueldo. El uso de información privilegiada o el tráfico de influencias les parece normal, dado el estatus con que cuentan. Es más, aunque usted no lo crea, muchos políticos hoy mismo creen que el uso de recursos para el trabajo político no es corrupción, sino sólo el dinero que se apropian.

Esas malas costumbres vienen del viejo régimen y desaparecerlas exige mucho trabajo. Ya empezamos, hay que seguirle.

Twitter: @macariomx

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