Opinión

El misterio de Iguala

La muerte de tres normalistas de Ayotzinapa –tres personas más fueron abatidas por confusión– y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, no tiene sentido. Hay causas que permitieron esos hechos, como la debilidad institucional, la corrupción y la subordinación ante el crimen organizado, que no explican sin embargo por qué una banda que secuestra, asesina, extorsiona y está en el narcotráfico, decidió aniquilar a un grupo de estudiantes cuya lucha es social y política.

La noche del 26 de septiembre en Iguala es un misterio. Si las declaraciones de los policías municipales detenidos por su involucramiento en los hechos son ciertas, sus órdenes fueron capturar a 17 normalistas, tras lo cual el líder local de la banda Guerreros Unidos, a quien identifican por su apodo, El Chucky, ordenó matarlos. Los únicos normalistas oficialmente muertos son tres. La suerte de los demás es desconocida, aunque se sospecha que algunos de ellos fueron tirados en la fosa clandestina donde recién se descubrieron 28 cuerpos calcinados –otra discrepancia aritmética con el total de desaparecidos–, a los que les practican peritajes para determinar si pertenecen o no a los normalistas.

¿Existe la posibilidad de que no estén muertos y se encuentren escondidos? Algunos funcionarios federales consideran que sí, aunque la mayoría, hoy en día, lo piensa improbable. En cualquier caso, siguiendo la lógica de las declaraciones de los policías, las órdenes que recibieron son extrañas. ¿Por qué el secretario de Seguridad Pública
–hoy fugado–, Felipe Flores Velázquez, pidió detener sólo a 17 normalistas? ¿Quiénes eran? ¿Cómo identificaron sus objetivos? Más raro aún es por qué El Chucky ordenó el asesinato. De corroborarse la versión, sería la primera vez en la historia del crimen organizado que ordenan la aniquilación de un grupo que no es una amenaza para sus intereses, ni está involucrada en los negocios propios de los Guerreros Unidos.

La orden de detener y eliminar a 17 normalistas dada por un jefe criminal, obliga a saber quiénes eran esos jóvenes y su objetivo en Iguala, porque el modus operandi usado contra ellos es el que utilizan los narcos para ajustar cuentas con narcos. En las declaraciones de los policías, se colige que el problema no era con todos los normalistas, ni fue reacción al secuestro de transporte público. La respuesta de qué iban a hacer en Iguala o qué presumió El Chucky que harían, estará en la oscuridad hasta que aquellos en posición de saber los motivos reales de su desplazamiento a esa ciudad puedan revelarlo.

Lamentablemente no parece que estemos cerca de ello. Ni siquiera se sabe la hora exacta a la que llegaron a la cabecera municipal más de 50 normalistas de Ayotzinapa, a tres kilómetros de Tixtla, y que se encuentra a 123 kilómetros de Iguala. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, dijo que han realizado más de 70 entrevistas, y aún no tienen claro ni a qué hora llegaron, ni cómo llegaron. Se sabe, por versiones secundarias, que iban a 'botear' para obtener recursos para una movilización de normalistas el 2 de octubre para la marcha conmemorativa a la Matanza de Tlatelolco.

El punto más lejano hacia Iguala donde habían realizado ese tipo de actividad era Casa Verde, a 37 kilómetros de Chilpancingo. Es decir, las motivaciones de los normalistas por viajar casi 100 kilómetros más de la distancia más lejana de la que se habían desplazado en otras ocasiones para 'botear', no han sido verificadas; menos aún la logística de Ayotzinapa a Iguala.

Este municipio quedó marginado desde 1993, cuando se inauguró la Autopista del Sol, que sacó de su trazo el viejo cruce por la ciudad. Al quedar desagregado del desarrollo, se fue convirtiendo en un territorio dominado por criminales, que fueron despojando de sus viejos territorios a la vieja guerrilla campesina en la región. De ahí surge la hipótesis de que la existencia de una célula guerrillera entre los normalistas –con la sospecha aumentada por la declaración de guerra contra los criminales por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente–, era el verdadero objetivo de Guerreros Unidos. En la lista de los 43 normalistas desaparecidos sólo hay uno con ramificaciones de esa naturaleza, Julio César López Palotzin, familiar de un profesor egresado de Ayotzinapa y desaparecido en Oaxaca en 2002, vinculado al EPR –el ERPI es una escisión de él– por el Ejército.

Esto es circunstancial, aunque dentro de la línea de esa hipótesis, la pregunta sería por qué la banda criminal habría visto como enemiga a esa célula guerrillera. ¿Acaso fue una disputa por droga o secuestros? Si fuera así, tendríamos enfrente un fenómeno documentado de narcoguerrilla. Sin embargo, en el entendido de que la normal de Ayotzinapa, por su pasado rebelde, esté infiltrada por la inteligencia militar y civil, habría indicios de esta evolución criminal, lo que no parece existir por la forma distante como actuó el gobierno federal en un principio.

Iguala y su barbarie continúan todavía como un misterio. No hay nada claro salvo que la capacidad de fuego e impunidad que se ha visto en Guerrero es un desafío directo al Estado mexicano, donde, en un desdoblamiento ante el vacío de autoridad en el estado, las fuerzas irregulares e ilegales entraron en guerra ante la mirada impotente del gobierno federal.

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