Opinión

El miedo y la libertad

    
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Periodistas. (Cuartoscuro)

La violencia, dice Timothy Garton Ash, es la mayor y más extrema amenaza a la libertad de expresión. No sólo es censura radical sobre unos, sino mensaje de intimidación para todos. El asesino no pretende únicamente ejecutar su sentencia, sacudirse de la incomodidad de un crítico, poner punto final al riesgo de la revelación. Su propósito estratégico es que otros escarmienten en cabeza ajena. La violencia es especialmente dañina para la libertad de expresión, porque induce indirectamente a la autocensura y paraliza a la sociedad en la psicosis de la turbación. El veto del asesino radica en su capacidad de callar a otros con muestras selectivas de terror. El efecto silenciador de la violencia es el eco del miedo, la estela que deja el ultimátum creíble, el saldo de zozobra del crimen impune.

Una sociedad democrática, dice el historiador inglés, no debe aceptar nunca la amenaza de la intimidación violenta. La sobrevivencia de la libertad de expresión exige no ceder terreno al violento. La defensa del derecho a decir y a escuchar, de la rutina de debatir y criticar, exige de leyes e instituciones que castiguen severamente a sus agresores. El Estado debe usar con firmeza su poder coactivo para proteger a los individuos que son sometidos al dilema de callar o morir. Pero el reto central del Estado democrático radica en abatir la impunidad. De nada sirven castigos especialmente severos que no se aplican. La amenaza que intimida es la que queda sin respuesta. La censura del miedo prospera en el vacío de una autoridad que eleve el riesgo al chantajista.

México está entre los cinco países más peligrosos para ejercer el periodismo. El primero en América Latina. El contexto de expansión del crimen organizado ha introducido nuevos elementos de riesgo a la función de comunicar. La notoriedad de ciertas realidades delincuenciales aumentan los costos de operación para los criminales. Por ejemplo, cuando la prensa denuncia enfrentamientos o ejecuciones en una determinada región, aumenta la presión hacia la autoridad para actuar y contener a los criminales. De ahí que éstos tengan poderosos incentivos para ocultar hechos y silenciar a los periodistas. La cobertura institucional con la que algunas organizaciones criminales operan aporta otro incentivo para la presión violenta sobre los medios de comunicación. Buena parte de los periodistas agredidos en México tienen el común denominador de haber revelado alguna relación de complicidad entre autoridad y delincuentes. En estos casos, la intención criminal no sólo busca evitar el conocimiento público de estas relaciones, sino también desaparecer la evidencia incriminatoria. Bajo este contexto, las agresiones a periodistas y medios responden a propósitos estratégicos de los delincuentes. Se trata de la dosificación calculada de violencia para conservar el negocio, mantener las ventajas de la complicidad, salvaguardar las ventanas de oportunidad en la extracción ilícitas de las rentas.

La política criminal frente a las agresiones a periodistas y medios de comunicación no está funcionando. Tampoco las estrategias hasta ahora implementadas para evaluar el riesgo objetivo y brindar protección. El sistema de atracción reglada de casos a la jurisdicción federal está francamente subutilizada: entre 2013 (fecha en la que se reformó la ley penal para incorporar las causales de atracción) y el 31 de agosto de 2016, la PGR sólo ha atraído 47 expedientes. El índice de impunidad de delitos relacionados con la libertad de expresión ronda en 99.75 por ciento. En suma, nuestra institucionalidad es claramente ineficaz para disuadir la violencia sobre esa libertad fundamental.

El país debe repensar urgentemente sus respuestas ante esta problemática. El Estado debe incrementar sus capacidades para prevenir y castigar una agresión. México no debe acostumbrarse nunca a sumar otro muerto más a la estadística de esta ignominia. Empecemos por el repudio social a los violentos y por expresar nuestra solidaridad y apoyo a quienes hoy se juegan la vida para que escuchemos la verdad.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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