Opinión

El 'mal humor' ciudadano

 
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Ciudadanos de Tabasco tomaron la calles en contra de los índices de violencia. (Patricia Hernández)

En días recientes el presidente de la república, específicamente en el marco del Tianguis Turístico de Guadalajara, dijo que a pesar del mal humor de la gente, “vamos bien”.

La referencia, o la aceptación de un malestar extendido entre la ciudadanía, reconoce que existe entre la sociedad mexicana un sentimiento de enojo, de insatisfacción, de incomodidad. Ignoro la procedencia de los datos, con base en los cuales el presidente hizo su afirmación. Infiero que la oficina encargada de recibir las encuestas y la medición de la opinión pública le presentó tendencias, estadísticas o gráficas que sustentan el señalado 'mal humor'. Sin embargo, me atrevo a sugerir algunas de las causas que podrían estar en el origen de dicho malestar:

El fracaso en la lucha contra la corrupción. A pesar de los esfuerzos y del lanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción –anunciado por el propio presidente– el paquete legislativo se encuentra estancado en el Congreso, donde las prácticas dilatorias y evasivas del PRI y de su apéndice, el Verde, han obstaculizado el avance de la legislación. La evidencia más clara radica en la comparación más simple con la aprobación de las reformas: un PRI de vanguardia, conciliador, como locomotora que impulsa un proyecto fue aquél de la reforma energética, de la de telecomunicaciones o la educativa. Una fuerza que buscó y construyó acuerdos, porque pretendía –a toda costa– conseguir las reformas. Aquel PRI, el mismo partido del mismo presidente, no es este de la ley anticorrupción.

Gobierno omiso en la consignación de casos de corrupción. Consecuencia inmediata del retraso legislativo es la inacción de un gobierno federal que 'voltea para otro lado', que no actúa, que no procesa, que no ejerce recursos legales y jurídicos para investigar casos escandalosos de corrupción. Los gobernadores Duarte (Chihuahua y Veracruz) que pasarán a la historia como dos de los más dañinos funcionarios en el registro de sus entidades. Pero aún están en funciones –podría ser la excusa–. Pensemos entonces en Rodrigo Medina de Nuevo León, en el señor Padrés de Chihuahua o en tantos otros. Por el contrario, el gobierno les da nombramientos, cuando debieran responder a la más elemental rendición de cuentas: Juan Sabines, Fidel Herrera.

Caso Ayotzinapa. La torpeza de la PGR, los errores de comunicación, la incapacidad para construir un equipo de trabajo plural, transparente, auténticamente interdisciplinario entre el GIEI y el gobierno. El primer interesado en esclarecer los trágicos hechos de Iguala y la desaparición de los 43, debiera haber sido el gobierno federal a quien, de forma incorrecta e indebida, se le señala como culpable y responsable. Existe un extenso rosario de errores en la operación del gobierno, el desempeño de la PGR y su pobre investigación. Hoy es demasiado tarde, la derruida credibilidad hace imposible otorgarle la menor confianza a la institución, aunque salgan –como ayer– a ofrecer una tardía conferencia de prensa para explicar un video y la presencia de un subprocurador en la zona del supuesto crimen. Se comportaron como 'encubridores', como 'manipuladores' que pretendieron construir una percepción pública, en vez de sustentar una investigación científica. El GIEI, lo consignamos aquí, excedió sus funciones, se comportó más como activista que como investigador independiente. Pero nuestras autoridades dejan mucho qué desear.

La debacle de Pemex. Existe entre la ciudadanía una extendida percepción en torno a que el desastre financiero y operativo de Pemex es obra del gobierno. Nadie ha salido a explicar que la quiebra de la empresa estatal, el derrumbe de las exportaciones petroleras, los daños a la economía mexicana, no son –de forma directa– responsabilidad del gobierno actual. Son resultado de muchos años de decisiones equívocas, políticas gremiales, estrategias electoreras. Además se ha convertido en argumento ardiente de sectores de la oposición, que en su afán electoral, le venden a la ciudadanía la versión de un gobierno irresponsable, omiso, cómplice y corrupto. Pero algo de verdad subyace cuando las medidas de ajuste llegaron tarde; el sindicato intocable con sus prebendas y privilegios permanece impávido ante la quiebra de la empresa. El gobierno no ha podido o sabido implementar un plan de reestructuración integral, porque eso implicaría reconocer que se hizo mal, por lo menos, desde el inicio de esta administración.

Estado de derecho. Todos los mexicanos sabemos que los jueces y los agentes del Ministerio Público representan el eslabón menos confiable en las instituciones del Estado. La impunidad, el retraso para consignar y castigar a delincuentes, la desvirtuada defensa de los derechos humanos como instrumento para la protección de criminales que son liberados recurrentemente, produce una sensación de indefensión. Nadie toca a los delincuentes, las policías son reclutadas por el crimen, mientras nuestros gobernadores y presidentes municipales debaten el mando único. La inseguridad se apodera de regiones enteras del país, donde no existe autoridad, ni orden, y donde hay bases para afirmar las condiciones de un Estado fallido. Municipios y regiones de Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Estado de México y otros más sustentan, con hechos diarios, esta realidad.

[Las circunstancias descritas] pueden ser motivos auténticos para un malestar extendido.

Twitter: @LKourchenko

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