Opinión

El latente problema de la remediación

Inició el debate de las minutas que el Senado de la República envió a la Cámara baja con relación a la materia energética, y la oposición esperada de los partidos “progresistas” apareció desde el primer momento. Uno de los temas recurrentes en voz de la mayoría de los diputados que votaron en contra de la minuta --por lo menos en lo general, a la hora en que este artículo está siendo redactado--, tiene que ver con la figura de la “ocupación temporal” de la tierra para la realización de las actividades de exploración y extracción del petróleo.

Es evidente la estrategia que la izquierda opositora ha mostrado en la discusión de la gran mayoría de las reformas que han venido tratándose en la presente legislatura: se identifica un punto sustancial imprevisto dentro del texto de la norma cuestionada y, alrededor de él, se elabora todo un discurso que hiciera parecer la falta de la temática elegida como un faltante que lleva a México por un destino indebido.

En el caso de la ocupación de la tierra, debo decirlo con honestidad, la preocupación que nos llamó la atención no tenía que ver con el título conforme al cual los contratistas del Estado pudieran ocupar la tierra: arrendamiento, ocupación temporal o expropiación; la verdad de las cosas es que, ante la evidente causa de utilidad pública inherente al necesario aprovechamiento del subsuelo para beneficio de la nación, el título que debiera darse al contrato era lo de menos, pues de hecho, Pemex así ha venido utilizando la tierra de particulares y ejidatarios por igual, sin miramiento de la renta efectiva y justa que debe pagar por ellos. Más bien, la duda tenía que ver con el tema de la remediación.

Son muchos los ejemplos que se pueden obtener, en los que se evidencia la forma en que Pemex ocupa el terreno de las personas, aprovecha los yacimientos subterráneos, contamina irreversiblemente el suelo, mal paga el “arrendamiento” de la tierra y se va. No realza ningún acto de su parte para remediar el daño ambiental ocasionado ni indemniza al arrendador o propietario de la tierra por la devaluación material de su propiedad, en función de la forma aviesa en que por la contaminación vertida se desvirtúa su propia naturaleza y destino. ¿Qué hacer ante el daño que ocasiona la afectación de la tierra?

En la retórica cotidiana, me habría conformado con valorar y aceptar la clara procedencia de las normas y principios que hoy contempla la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la que se prevén los procedimientos adecuados para fincar responsabilidad y conminar a la persona a quien la acción contaminante debiera atribuirse para remediar el daño e indemnizar el perjuicio ocasionado. Sin embargo, la satisfacción que produce saber que la Ley de Hidrocarburos va más allá del límite ordinario y prevé mecanismos alternativos para la compensación del daño ocasionado al particular afectado, deviene en una causa adicional que nos vincula más con la iniciativa presidencial.

En el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos que venimos comentando, se establecen contenidos mínimos que debe contemplar el acuerdo que los contratistas en el ámbito de la extracción y Pemex como asignatario, deberá celebrar con el particular para definir el precio de la ocupación de los terrenos que interesen. Entre el cúmulo de los componentes, se haya aquél por virtud del cual las empresas se comprometerán a efectuar “el pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, calculado en función de la actividad habitual de dicha propiedad”.

La anterior previsión ilustra que, el tema de la remediación ambiental y la explotación sustentable del subsuelo, en el marco de la reforma energética que ha venido participándosenos, no aparecerá a partir de una interpretación jurídica a través de la cual hayan de relacionarse las normas de un ordenamiento con relación a otras, sino de la aplicación inmediata de una disposición que es clara, sobre todo por cuanto a los requisitos inherentes al precio que se deberá pagar por la ocupación del territorio de los mexicanos.

El artículo que comentamos no debe apreciarse en forma aislada, desde luego, se trata de uno, dentro de un conjunto de ellos, en los que se establecen como un sistema de normas, todo un cúmulo de directrices impecables por medio de los cuales la Sener, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órganos reguladores coordinados, habrán de regir su criterio para la expedición de las autorizaciones o permisos para la extracción petrolera.