Opinión

El laberinto de la impunidad

La primera semana de diciembre el Inegi publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) levantada durante 2013. Los datos son alarmantes, pero parecería que en México reconocer el cáncer de la corrupción no pasa a mayores. La mitad de los mexicanos opinamos que la corrupción es uno de los principales problemas del país, igual de grave que el desempleo, e incluso 10 por ciento más grave que la pobreza.

Es cierto que existe corrupción en todo el mundo, que hay países con escándalos todos los días; que, por ejemplo, España lleva meses inmersa en un remolino de ilegalidades que cada día arrastra a más figuras públicas, del PP y del PSOE. En estos últimos seis meses hay más de dos mil investigaciones abiertas y más de 40 políticos han ido a la cárcel. La infanta podría también terminar tras las rejas.

En México no pasa nada. El escándalo de esta semana es el delegado perredista de Iztapalapa que chocó un auto “prestado” por Amexire, un contratista fantasma, del cual Valencia no recuerda nada. Otra vez, las explicaciones son inverosímiles. No es que aquí la sociedad civil esté pidiendo “sangre o circo”. Se exige el cumplimiento de la ley. Que políticos y empresarios hablen con la verdad. ¿Por qué habría de tolerarse la absoluta impunidad siempre? ¿Es realmente la condición de nuestra cultura? Aquí no hay castigos para nadie. Hay que vivir en la impotencia de ver que políticos y empresarios asociados en actos de corrupción se enriquecen violando la ley, a nivel municipal, estatal y federal; en la frustración permanente de que no hay a quien recurrir para que investigue y sancione estas violaciones.

Así terminó la semana pasada el periodo legislativo: los partidos políticos incapaces de pasar una ley que “fortalezca el sistema anticorrupción”. Prometer cambios en el tema es fácil, construir un consenso legislativo que vaya en contra de sus propios intereses resulta imposible. ¿Cómo nos irá en 2015?

Twitter: @julio_madrazo