Opinión

¿El INE va?

10 febrero 2014 4:6 Última actualización 28 octubre 2013 5:2

 
Samuel Aguilar Solís
 

El pasado 22 de octubre, se celebró el aniversario 199 de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, primer texto constitucional escrito en México, que incorporaba importantes derechos humanos, sociales y también de índole político-electoral, entre los que se encontraban las “Juntas Electorales de Parroquia”.
 

El tránsito legal por el que hemos andado dista mucho de aquel entonces; incluso, de la Constitución de 1917, sobre todo en materia electoral. Largo ha sido el proceso de construcción de una arquitectura y reglas electorales para nuestra democracia, y aún persiste la desconfianza en algunos actores políticos.
 
Hoy, se discute la desaparición del IFE y de los institutos estatales electorales, órganos de participación política, electoral y ciudadana para abrir paso a un solo Instituto Nacional Electoral, centralizando las tareas electorales con dos argumentos principales: la falta de alternancia en el gobierno estatal en 8 entidades federativas, y aunque parezca “harina de otro costal”, la discusión y aprobación de la necesaria reforma energética.
 

A la “falta de alternancia” en: Tamaulipas, Durango, Veracruz, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo y Campeche se le atribuye dicha propuesta.
 

Si bien la creación de un Instituto Nacional Electoral se origina de un compromiso signado por los principales partidos políticos nacionales en el Pacto por México, el argumento de la falta de democracia de la que habla el Partido Acción Nacional es un argumento sin fundamento, aunado a lo anterior; no se ha presentado un estudio serio y sustentado acerca del supuesto ahorro que generaría la desaparición de los Institutos Estatales Electorales, el cuál además tendría que considerar el aumento de presupuesto al IFE por la ampliación de sus tareas. Por ejemplo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal afirma que el presupuesto destinado a los órganos electorales locales representa únicamente el 0.77 por ciento de los egresos de la ciudad, de la misma forma; los integrantes de la asociación de tribunales y salas electorales afirman que los tribunales locales a diferencia de los federales resuelven 10 veces más recursos con la cuarta parte del costo.
 

Se olvida que la democracia “por la vía federalista” inició a mediados de los 80 a nivel municipal hasta llegar a cerca de tan sólo el 9 por ciento de los municipios que no habían tenido alternancia en el 2008 y después de las elecciones de 2013 la cifra es de cerca del 3 por ciento, ¿Cómo fue posible lograrlo con instituciones “succionadas por los gobiernos locales”?
 

Se olvida además, que a partir de 1989 con Baja California ha habido alternancia en 23 entidades federativas además del Distrito Federal (Tlaxcala en 3 periodos ha sido gobernada por tres partidos diferentes).
 

Se olvida también la composición plural de los Congresos locales (60 por ciento de los Congresos han cambiado de fracción predominante), quienes designan a sus autoridades electorales.
 

Se olvidan del fenómeno de gobiernos divididos y de nuestro federalismo.
 

Se afirma que los institutos estatales electorales han sido “cooptados” por los gobernadores, ¿También en los estados de oposición?, se olvidan factores como la cultura cívica, el nivel educativo de la población, las políticas públicas instrumentadas a nivel local, factores socioeconómicos de una entidad, la competitividad de la oposición, la posibilidad de alianzas y coaliciones, y el papel de los medios de comunicación e información que son determinantes cuando se presenta la alternancia.
 

Se olvida que los consejeros y magistrados han adquirido el derecho para preservarse en su encargo por el principio de derechos adquiridos, en este caso por el Congreso local es decir, por la voluntad popular. Aunado a lo anterior, integrantes de Asociaciones de Tribunales y Salas Electorales rechazan la propuesta, al igual que académicos y autoridades.

Se olvida que el 30 de octubre concluyen su gestión cuatro consejeros electorales, incluido el presidente, y que además, se encuentra “vacante” la plaza que el ex consejero Sergio García Ramírez dejó el pasado 8 de febrero sin que haya aún un acuerdo en la H. Cámara de Diputados para cubrir su sitio.
 
Sin duda hay numerosos argumentos que debemos contemplar para la creación del INE, y no sólo para su creación sino en la conveniencia de que no desaparezcan los institutos electorales locales, ya que la sobrecarga no sólo política, sino administrativa podría ser insostenible. La administración del financiamiento local, 32 sistemas de candidaturas ciudadanas sujetas a la legislación local, más de 400 elecciones por el sistema de usos y costumbres, 32 sistemas de representación proporcional diferentes, así como la resolución de procedimientos sancionadores en 4 mil procedimientos locales no parece una tarea que pueda ser asignada a un sólo órgano.  Debemos analizar la creación de un Instituto Nacional Electoral en función de profundizar nuestra democracia, elevar su calidad y abaratar efectivamente nuestros procesos electorales. La confianza y certidumbre de los resultados electorales dependen de ello, no es momento de olvidar, es momento de recordar, de analizar, de priorizar y de actuar en consecuencia.