Opinión

El INAI en la tesis de contrapesos constitucionales

Eugenio Monterrey Chepov 
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Inai. (Formato Siete)

En la relectura de los clásicos, una vez más me queda claro que Montesquieu nunca pugnó por una división del poder público necesariamente tripartita. La lección aprendida y recordada es que el poder público se puede desmenuzar y separar en tantos órganos o departamentos —al seguir la terminología de El Federalista— como sea, siempre y cuando cumpla con la finalidad que el autor de El Espíritu de las Leyes buscaba y que los padres fundadores de Estados Unidos desarrollaron con acuciosidad: balances, pesos y contrapesos en el orden constitucional del poder público.

En la historia política y constitucional de México la aparición del Instituto Federal Electoral como organismo constitucional autónomo con la reforma de 1996 a la Constitución, vino a ser el parteaguas en la creación de estas ínsulas de autonomía (aclaración hecha que desde 1980 ya el artículo 3º constitucional hablaba de la autonomía de las universidades). Rompió a mi manera de ver el tabú de la división del poder público en tres poderes, aunque si bien esta denominación se ha conservado para el Legislativo, Ejecutivo y Judicial —en términos del artículo 49 constitucional—, esta decisión política fundamental convive y ha aprendido a hacerlo con una constelación de espacios de autonomía constitucional, como alguna vez así los llamó el distinguido sociólogo Roger Bartra.

La intención en esta clase de organismos constitucionales autónomos es asumir una competencia muy específica y especializada, esencialmente la administración de una materia muy concreta (electoral, política monetaria, enseñanza superior, defensa no jurisdiccional de los derechos humanos y transparencia, entre otros) y, sobre todo, un sano alejamiento de la esfera de influencia de los poderes clásicos, especialmente del Poder Ejecutivo. Esto último es en lo que se traduce en suma la autonomía constitucional de la que están dotados estos organismos.

Uno de los últimos organismos que se le ha conferido este nivel autonómico en la constelación del poder público del Estado mexicano, es el INAI.

Durante mucho tiempo —desde 2002— el entonces IFAI nació con una autonomía (no constitucional) meramente técnica y decisoria, pero a final de cuentas se trataba de un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo federal y que para garantizar las autonomías referidas simplemente no estaba sectorizado.

Aunque dicho sea en honor a la verdad, existía una relación sumamente estrecha con la Secretaría de la Función Pública en una especie de sectorización de hecho.

Afortunadamente, a partir de la reforma constitucional de febrero de 2014 se estableció, no sólo para el ámbito federal, sino para todo el país, que los organismos garantes de la transparencia, del acceso a la información y de la protección de datos personales asumirían este rango de autónomos constitucionales. Y en el caso concreto del entonces IFAI, sumadas una serie de atribuciones de un diseño institucional de federalismo cooperativo, se convirtió en un Instituto Nacional de Transparencia.

Esto no sólo es teoría constitucional, sino que es realidad política en la forma de defender eficazmente dos derechos fundamentales de los particulares: el acceso a la información y la protección de los datos personales.

Tengo la firme convicción de que con dicha transformación integral el INAI cumple la expectativa de esos visionarios franceses y americanos del siglo XVIII: forma parte efectiva del control del poder político y contrapeso de las instituciones públicas en el marco de un referente constitucional.

Sirva, pues, esta breve reseña para respetar el valor de las instituciones del país, reconocer el esfuerzo que la construcción de las mismas ha implicado y hacer a un lado a los zapadores que pretenden desde afuera o peor aún, desde adentro, demeritarlas, despreciarlas e incluso, destruirlas.

El autor es comisionado del INAI.

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