Opinión

El imprescindible valor de un plurinominal

Un tema controvertido que rompe y resuena constantemente en análisis y foros de discusión política y de expresión ciudadana, es el que tiene que ver con la conformación de las Cámaras del Congreso y, más particularmente, con el de la existencia misma y razón de ser de un grupo importante de legisladores que, contrariamente a los que son directamente electos por la ciudadanía, ocupan el cargo por elección de su partido que, a su vez, los designa a ellos: los legisladores de representación proporcional o “plurinominales”.

Adelanto y entiendo la crítica y oposición que mi punto de vista encontrará entre los lectores de este espacio, a quienes de la misma manera anticipo mi respeto y agradezco su tiempo y tolerancia, esencia de cualquier sociedad democrática contemporánea.

En más de ocho ocasiones el artículo 52 de la Constitución ha sido reformado para quedar como sigue: “la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales”.

Partiendo de la base de que las normas jurídicas que contienen las leyes encuentran su origen en la razón y en la realidad social, y que en su literalidad consignan aspiraciones de una sociedad, a manera de reglas de conducta que dibujan una situación ideal de “deber ser”, que sólo se podría satisfacer en la medida en que se vean cumplidas, entendamos entonces que cualquier ejercicio dialéctico que se deseara efectuar con relación al 52 constitucional transcrito, tendría que diferenciar entre la institución gubernamental que contiene y la aspiración en que fue basada, con respecto a la realidad político-social que pudiera, propiamente, provenir de la inadecuada interpretación o franca inobservancia del mismo precepto, por lo que hace a la materia a la que este se refiere.

Dicho de otra manera, la idealidad de la norma y su funcionalidad debe estudiarse por separado con relación a cualquier fenómeno que pudiera desviar su espíritu y razón de ser. La disfuncionalidad parlamentaria, si existe, debe distinguirse por cuanto a si se refiere a la norma que contiene a la institución cuestionada, o por cuanto a si tiene que ver con el indebido desempeño, subjetivo y humano, de aquellos a quienes se hubiera encomendado la responsabilidad normativamente consagrada.

En el año de 1963 el Presidente Adolfo López Mateos impulsó una modificación al texto de los artículos 54 y 63 de la Constitución con la finalidad de dar cabida a los diputados de representación proporcional. En la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente se establecía, textualmente, lo siguiente: “… Es evidente el hecho de que no ha podido encontrar acceso al Congreso de la Unión los diversos partidos políticos o las varias corrientes de opinión que actúan en la República; de ahí que, con frecuencia, se haya criticado al sistema mexicano de falta de flexibilidad para dar oportunidad a las minorías políticas, que se duelen de que un solo partido mayoritario obtenga la casi totalidad de los puestos de representación popular. Para consolidar la estabilidad política orgánica de que México disfruta, será un factor importante la mejor canalización, por cauces legales, de las fuerzas cívicas, en particular las minoritarias y, muy principalmente, las que estando agrupadas en partidos políticos nacionales, actúan orgánicamente y no en forma dispersa cuando no anárquica. ...”

La causa de la reforma constitucional del 63 es la que justifica, aún hoy en día, la existencia misma de la representación parlamentaria proporcional, porque da acceso y abre un foro de discusión política a favor de aquellos partidos políticos minoritarios a través de un método institucional perfectamente civilizado.

Sería insensible no reconocer que han existido desvíos por parte de actores y partidos políticos por igual, que han permitido la designación de algunos personajes dentro de las filas del Congreso dentro de la figura misma de la diputación de representación proporcional. El fenómeno ha permitido la concesión de un privilegio político y económico absolutamente inmerecido a favor de ciudadanos notoriamente incapaces o, eventualmente, impedidos; es un problema que se debe remediar. Sin embargo, ¿la solución al desvío de la institución constitucional se encuentra verdaderamente en su abolición?

Los plurinominales, normalmente profesionales de la política o de las ciencias a quienes históricamente se puede atribuir grandes aportaciones propias de la función encomendada al Poder Legislativo, son ciudadanos que no se someten al proceso de elección popular, porque muy a pesar de su gran capacidad creativa en el ámbito de la política y de las leyes, podrían ser candidatos electorales de mediana penetración en las preferencias del electorado, que en un proceso de elección jamás obtendrían los votos necesarios para lograr desempeñarse. ¿No constituiría esa una grave pérdida para nuestra sociedad?

La función de los plurinominales, no obstante lo que se dice en las críticas más abiertas, es esencial, porque es a los que corresponde hablar a favor del pensamiento y la plataforma intelectual de los partidos que, no habiendo obtenido el beneficio de la elección a favor de sus candidatos, sí logran una aceptación partidaria significativa en la boleta electoral que los debería conducir, siempre, a tener su representación en el máximo órgano de discusión política nacional.

Así las cosas, la proposición de terminar con los plurinominales parte de la incomprensión de que, aquello que eventualmente está fallando, podría no ser lo conducente a la existencia de la figura de la representación proporcional en sí misma, sino a las condiciones personales, tan indebidas como esporádicas, de algunos legisladores ilegítimamente beneficiados con una designación pública inmerecida. ¿Cómo remediarlo?

La desaparición de la institución sería errónea y entrañaría un retroceso en el proceso para la construcción de un órgano legislativo nacional más plural y auténticamente democrático. Debería pensarse en el establecimiento de reglas claras que debieran observar los partidos políticos para la determinación del perfil de sus candidatos para integrar las listas de las que se desprende la representación proporcional.

¿Y acaso eso no produciría un rompimiento del principio democrático en función de la restricción impuesta a otras personas de probada capacidad política para ejercer el mismo puesto, en lo que vendría a significar el establecimiento de una élite intelectual poco representativa? Esa es la cuestión. ¿Qué requisitos se deberían imponer a los partidos sin vulnerar el derecho a la igualdad y todo un cúmulo importante de prerrogativas políticas que consagra la Constitución?