Opinión

El hilo se rompe por lo más delgado

Tras una incesante labor por parte de nuestras autoridades, entre ellas la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, así como la disposición de éstas de recibir la colaboración de expertos internacionales para dar respuesta a lo ocurrido en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, la sociedad mexicana está muy cerca de saber lo que verdaderamente sucedió aquel trágico día.

Lo anterior se debe al trabajo de inteligencia y coordinación operativa de los cuerpos de seguridad e investigación federales, mismos que se reflejaron en la detención de decenas de probables implicados, inclusive en la localización, detención y remisión de los Abarca; tras las declaraciones de todos éstos, se ha logrado obtener lo que ya muchos exigíamos al unísono, por más grotesco que fuera y como lo resultó siendo: respuestas que por lo menos saciaran la incertidumbre.

Como se supo desde un principio, se tiene perfectamente claro quiénes fueron los autores materiales de este abominable crimen, mismo que no sólo es lesa humanidad para los que sufrieron en carne propia tan atroz perversidad o para sus familias y amigos que hoy embarga y enluta el dolor y la máxima indignación. Por supuesto, representa también, y no puede ser de otra manera, una indignación nacional.

La ineficacia y omisión de un gobierno estatal desde un inicio y la colusión del presidente municipal de Ayotzinapa, así como de la Policía Municipal, muy presuntamente, con la delincuencia organizada, fueron los factores que detonaron lo que hoy es más que una tragedia en nuestro país.

Estos acontecimientos ponen al descubierto, tal vez, lo que podría ser la raíz del problema de la inseguridad en nuestro país. Cuerpos policíacos municipales mal preparados, equipados de manera pésima; con nulo desarrollo policial y, más que evidente, con salarios y prestaciones sociales que no les brindan la oportunidad de una vida digna. Dicen que el hilo se rompe por lo más delgado y precisamente es en las Policías Municipales donde con mayor facilidad se filtra un sinnúmero de actos de corrupción, inclusive la penetración del crimen organizado a las instituciones de seguridad de los estados.

El Mando Único policial se ha planteado como una posibilidad para contrarrestar esta evidente deficiencia. De ponerlo en práctica en la totalidad de los municipios del país, garantizaría mejores salarios y prestaciones sociales para todos los policías. Se requiere que los ayuntamientos coloquen el interés general por encima del de los partidos y vean en él los beneficios de manera objetiva al implementarlo.

Recordemos que el asesinato, levantamiento y desaparición de los estudiantes normalistas se llevó a cabo por policías municipales, por órdenes de su presidente municipal José Luis abarca, lo que deja huella clara del grotesco abuso de las autoridades locales. Por supuesto, que ameritaba la intervención inmediata del gobernador con licencia Ángel Aguirre y sigue exigiendo la urgente acción del actual interino Rogelio Ortega Martínez, quien tienen en sus manos regresar la tranquilidad a los habitantes de Iguala.

Todas las autoridades, en general, tienen la urgente tarea de abatir los altos índices de corrupción e impunidad, eso es claro. Pero no se puede permitir en la exigencia de lo anterior la misma impunidad en actos violentos como medio de reclamo al gobierno para lograr dichas soluciones. El Estado de derecho exige que las autoridades se circunscriban a lo que las leyes les señalan, pero también exige de la sociedad el respeto a los ordenamientos jurídicos. La violencia jamás será el camino de la justicia.

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