Opinión

El gran error de posponer nombramiento del fiscal anticorrupción

 
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  [El dictamen es discutido en el Pleno del Senado./Cuartoscuro]  

A punto de fracasar nuevamente la designación del fiscal anticorrupción. El Senado de la República quiere posponer su nombramiento para un periodo extraordinario y así abordar también la eliminación del pase automático del actual procurador como fiscal general de la República.

Pero el periodo extraordinario estará sujeto –en los hechos– al resultado electoral del Estado de México. Si gana el PRI por menos de cinco puntos habrá un intenso conflicto poselectoral y no habrá tal periodo extraordinario. El entorno político del país se polarizará y Morena y el PAN seguramente irán juntos en la solicitud de anular la elección.

Si gana Morena, la figura presidencial sufrirá un severo revés, la disciplina política al interior del PRI se diluirá y la 'bufalada' de políticos hacia Morena será imparable. En la percepción pública, Andrés Manuel López Obrador será el siguiente presidente de México. En ese entorno, AMLO podrá descalificar el nombramiento que se haga y debilitar así la credibilidad del nuevo fiscal. Le conviene hacerlo porque él quiere ser el nuevo amanecer del combate a la corrupción.

De los cuatro aspirantes recomendados por el Comité de Acompañamiento Ciudadano, uno ya declinó –José Bernardo Rafael Espino del Castillo– por considerar que “el objeto fundamental de la Fiscalía debe estar sustentado en la capacidad técnico-jurídico-penal necesaria para una gestión transparente, legal, sin que se vea afectada su definición por cuestiones de carácter político”.

Si se pospone la designación hasta un periodo extraordinario, cuya ocurrencia es improbable, es previsible que otros aspirantes pudiesen declinar por dignidad profesional y simplemente porque un cargo de corta duración (18 meses) que se reduce aún más se vuelve menos atractivo. Y si declinase uno o dos aspirantes más, el proceso en los hechos estará muerto y los opositores a la designación clamarán con más argumentos que es mejor cancelar el proceso.

El argumento de que primero debe mejorarse el marco legal y luego nombrar al fiscal puede llevar al peor escenario: ni fiscal ni cambio legal.

Asimismo, es inadmisible que se recomiende posponer un nombramiento porque significa violar la Constitución que mandata una designación del fiscal –que se haya incumplido no justifica que se siga incumpliendo.

El más perjudicado del no nombramiento es el PRI porque en la percepción pública es el partido que obstaculiza el combate a la corrupción. La semana pasada, por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó el acuerdo de creación de la Fiscalía
–resultado de las modificaciones a la Ley Orgánica de la PGR aprobada por los partidos en 2016–, pero algunos partidos que habían aprobado los cambios legales aprovecharon para culpar al gobierno y al PRI. El coordinador de los diputados del PAN, por ejemplo, dijo que “el gobierno de la República se está burlando de todos los mexicanos porque está subordinando la Fiscalía Anticorrupción a la PGR”.

Cancelar el nombramiento del fiscal anticorrupción –eso es en realidad lo que ocurrirá si esta semana no se hace el nombramiento– es una situación de perder-perder para los partidos, el gobierno, la PGR, la nueva fiscalía y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y se genera más desánimo público, cinismo y se alimenta la actitud justiciera que puede imperar a partir de 2019 para ir en contra de los corruptos.

Hay algo peor que no combatir la corrupción: hacerlo sin respetar el debido proceso. Razones políticas y de complicidad explican la pasividad que ha existido en México en las últimas décadas para investigar y sancionar a los corruptos; pero otras razones políticas pueden forzar para que el nuevo gobierno se vea tentado –a partir de diciembre de 2018– a combatirla para calmar la rabia pública y obtener popularidad sin respetar el debido proceso. Ese es el gran riesgo que se alimenta por omisiones como las que incurre el Senado mexicano.

Twitter: @LCUgalde

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