Opinión

Gran desafío, el Estado de derecho

Incomprensible parece la gran distancia que divide el éxito del proceso político que ha permitido la conclusión de once magnas reformas a la Constitución, por una parte; los grandes vaticinios de inversionistas extranjeros, que colman la ocupación de las habitaciones de todos los hoteles de Polanco, por la otra; y el desencanto de muchos mexicanos que, a pesar de animosos discursos y confiada expectativa de la clase gobernante, albergan un espíritu permanente de suspicacia e indiferencia, tras averiguaciones que desenmascaran episodios de corrupción o fracaso, novedades que contrastan contra las anteriores.

Las reformas a la Constitución y los nuevos ordenamientos jurídicos que habrán de materializarlas no pueden leerse aisladamente. Los beneficios, de apreciarse en su conjunto, permiten entender una modernización del marco jurídico nacional en el rumbo correcto. El proceso legislativo mejora el entorno político y empodera al ciudadano al establecer principios en materia de transparencia y control de la función gubernativa que no tienen parangón hacia el pasado; posibilita la inversión y propone instrumentos para concretar los pasos necesarios en el rumbo de un crecimiento económico sostenido y de largo plazo, tantos años anhelado, empezando por el fortalecimiento de los órganos que combatirán las prácticas monopólicas que han obstaculizado el progreso de México; y se fija en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, con la inclusión de prestaciones económicas de orden social que habrán de solventarse con una recaudación fiscal más acertada, de la que ya se vienen cosechando los primeros frutos.

No obstante la integralidad del proceso político y la altura de miras con la cual los acuerdos fueron concretados, el decrecimiento del poder adquisitivo de la población, el empeoramiento de las condiciones de seguridad y el desaliento que producen las desavenencias discursivas de la clase gobernante, que se abalanza ante los grandes retos que arrojará el proceso electoral del año entrante, da como resultado un desánimo generalizado que trasciende negativamente y en contrasentido de todo aquello que el mundo entero recibe de buena gana y admira, por considerarlo una proeza en el arte de hacer política que resulta impensable en regímenes democráticos más adelantados: la agenda que pretende mover a México.

¿Es verdad que las reformas van en serio?, ¿Qué le hace falta a las reformas para dar resultados?, ¿Ahora qué sigue? Son las grandes interrogantes que todo el mundo podría plantearse, una vez que el trabajo legislativo primordial se ha concluido y los anuncios, por lo pronto, no parecen estar dando los resultados tangibles que muchos mexicanos esperaban.

El proceso para lograr cualquier reforma o adición al texto constitucional es distinto y más complejo que aquel para cambiar cualquier ley federal. La concurrencia de la opinión y voto favorable de más de dos terceras partes de las dos cámaras que conforman el Congreso General, y la de la mayoría de las legislaturas estatales, conlleva una convicción y esfuerzo político que demanda un ánimo y una situación histórico-social que pocas veces llega a conjuntarse, menos cuando se trata de la transformación de las piedras angulares sobre las que descansa el Estado Mexicano, en la manera en que en esta legislatura se han concretado. La reforma, no puede no ir en serio.

Ahora falta que las leyes se aterricen. Eso no queda en el terreno exclusivo del Ejecutivo Federal o el de los Gobernadores de los Estados. Hablamos de la necesidad de que los objetivos previstos en las leyes se cumplan, se concreten y den los resultados que todos deseamos. Se necesita la voluntad y confianza de la ciudadanía y la participación más expedita, más acertada y más eficaz de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia: los vigilantes de la legalidad.

En la opinión de un servidor, además de la consabida decisión que haya de poner en práctica la presente administración, de ejercer prudente y eficientemente el gasto público, resulta necesario e impostergable lanzar una campaña de concientización de la legalidad y el estado de derecho, y a partir de ello, una política generalizada, en conjunto con los gobiernos locales, tendiente a hacer efectiva la aplicación puntual del derecho a favor o a cargo de todos aquellos sujetos de él. Las leyes no sirven para nada si no se cumplen.

La cultura de la legalidad y estado de derecho no se logra con la captura de los cien delincuentes más sanguinarios de los últimos tiempos, si simultáneamente los mil menos peligrosos se pasean por las calles. La ciudadanía demanda que la ley se observe por igual, para todos, incluso con relación a las faltas o situaciones más insignificantes. El establecimiento de una cultura de la legalidad debería empezar con la imposición de las sanciones ejemplares a las faltas administrativas más elementales; la participación efectiva de los aparatos de justicia, de la manera más pronta posible ante la afrenta de aquél que ose apartarse de sus compromisos.

¿Queremos que México se mueva? Lo que sigue es que todos observemos y cumplamos la ley, una tarea que se dice fácil, pero de la que hemos vivido siempre apartados.