Opinión

El gobierno, rehén de su Pacto


 
A la luz de los hechos parece que el gobierno federal y el propio PRI son rehenes del famoso Pacto por México.
 
En aras de mantener el Pacto, el gobierno federal y los legisladores del tricolor cedieron ante las presiones del PRD y del PAN, y desde luego de la disidencia magisterial que ya le encontró el modo de sacar provecho.
 
 
El PRI cedió a la petición perredista de sacar de la discusión el dictamen de la Ley de Servicio Profesional Docente a cambio de que el PRD aceptara la discusión del dictamen de reforma al IFAI, con los famosos candados para que la Consejería Jurídica de la Presidencia, la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puedan interponer un recurso de revisión cuando por razones de seguridad nacional o violación a los derechos humanos.
 
 
El PAN reclamó el hecho de que se sustrajera del debate la Ley del Servicio Profesional Docente, pero no pudo hacer que el PRI reculara pese a que el propio Manlio Fabio Beltrones había advertido, el miércoles, que si no se liberaba a la Cámara de Diputados se votaría dicha ley.
 
 
El coordinador de los diputados del blanquiazul, Luis Alberto Villarreal, pidió diferenciar la protesta “del simple y llano delito’’ y aun cuando muchos diputados del tricolor estuvieron de acuerdo con la posición, no fue suficiente para devolver el dictamen a la discusión en el pleno.
 
 
El PRI ha cedido, sin duda, pues hasta ayer no había avasallado en el pleno de ninguna Cámara, pese a que podía haberlo hecho con la ayuda del Verde y Nueva Alianza.
 
 
Y no lo ha hecho, porque la instrucción es tratar de mantener hasta donde sea posible la concordia política dentro del Pacto por México.
 
 
Quién sabe si la estrategia le funcione. Porque enfrente tiene la discusión de la reforma energética que no puede quedarse a medias, como hasta ahora ha quedado la reforma educativa.
 
 
Llegó el tiempo de que el gobierno y su partido ejerzan su mayoría, como ocurre en todas las democracias, en lugar de estar apostándole todo al consenso.
 
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El Senado de la República aprobó una modificación a la Constitución mediante la cual desaparece el monopolio de los partidos políticos sobre las candidaturas a puestos de elección popular.
 
 
Dicho de otra manera, se aprobó, por fin, que cualquier ciudadano pueda postularse para competir por cualquier puesto de elección popular.
 
 
Y se entiende que 'cualquier puesto’, incluye a la Presidencia de la República.
 
 
Lo malo el asunto es, otra vez, la discusión de la reglamentación de esta disposición constitucional, que tendrá que esperar a la llamada reforma política y electoral que se supone debía discutirse en este periodo.
 
 
Las candidaturas independientes, si bien son 'políticamente correctas’, entrañan sus propios problemas.
 
 
Para comenzar, el financiamiento. ¿El IFE tendrá que financiar candidaturas independientes? Si lo hace, ¿bajo qué criterios? ¿Cuántos candidatos independientes pueden registrarse a, por ejemplo, una elección de diputado federal o senador? ¿Tendrán los mismos privilegios y responsabilidades que los candidatos postulados por un partido?
 
 
¿Deberán llevar la misma contabilidad o por no contar con estructura tendrán mayores facilidades?
 
 
En este caso sí aplica que al país le puede salir más caro el caldo que las albóndigas.
 
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Con cierta sorna, el senador Ernesto Cordero ha criticado la situación económica del país, sin que ningún legislador del PRI o desde el gobierno le hayan reclamado la parte de responsabilidad que tiene, como secretario de Hacienda que fue, en la situación.
 
 
¿Cortesía del Pacto por México porque 'lo necesitan?'