Opinión

El gobierno como proveedor de bienes

La literatura en el tema de las finanzas públicas ha dedicado espacio a la discusión acerca de la conveniencia de que el gobierno participe en la provisión de bienes, labor que toca de lleno al sector privado, salvo algunos casos notables. Estos casos comprenden aquellos en donde hay fallas de mercado, información asimétrica, o en donde se trata de bienes públicos, casos en los que la intervención gubernamental haría más eficiente este proceso. Debido a que dichas intervenciones entran mucho en el terreno netamente político, ya que una de las actividades de los políticos es elevar la aprobación de su gestión y la de sus partidos para atraer votos, este tipo de decisiones por lo general llevan la justificación de mejorar la equidad, aunque muy poco se habla de eficiencia en el uso de recursos.

Con la descentralización de gobierno y de sus actividades, la decisión de intervenir para proveer bienes y servicios se complica, ya que la línea divisoria no queda claramente definida para separar las obligaciones y derechos de cada nivel de gobierno. Existen casos como el de la provisión de servicios de salud, en donde los problemas para definir la probabilidad de que una persona enferme o tenga un percance que afecte su salud, hacen muy costoso y poco práctico establecer cuotas diferenciadas para cada una de ellas dependiendo de su edad y condición actual de salud. En este caso para los políticos es muy atractivo votar a favor de la participación estatal, ya que un argumento que de seguro utilizarán será en de redistribución del ingreso; esto es, haciendo que los de mayor ingreso paguen y subsidien a los de ingresos más bajos, subsidio que crece cuando los de mayor ingreso no utilizan los servicios públicos y además dejan que los privados se organicen y presten sus servicios para quienes si están dispuestos a pagar por ellos.

Las cosas se complican cuando se decide que cada nivel de gobierno organice los servicios de salud, tanto los que son de su responsabilidad, como los del sector privado, pero además el gobierno federal decide también ofrecer sus servicios en cada entidad federativa, como es el caso de México, sus estados y municipios. Una de las principales reglas que hay que definir y votar es bajo qué criterio se distribuirán los recursos federales, siendo una opción el hacerlo con base en la población, o con base en la infraestructura disponible, o con base en las carencias en cada entidad. Cada una de estas opciones genera sus propios incentivos perversos y puede llevar a conducir el desempeño de las funciones de proveer servicios de salud hacia resultados contrarios a la eficiencia y el bienestar de las mayorías.

Por si esto fuera poco, también hay que definir la cobertura o menú de servicios a toda la población derechohabiente, ya que bajo las condiciones actuales resulta imposible ofrecer lo mismo a todos, porque en la mayor cantidad de municipios no se cuenta con la infraestructura hospitalaria, de instrumentos y equipos, y de médicos como para ofrecer todos los servicios.

Sería ideal tener un servicio de salud como en algunos países, en donde cualquier persona puede acceder a los que presta el gobierno y existen proveedores privados. La cuestión es hasta dónde se amplía la cobertura de servicios, quién los ofrece y cómo se financian. Nada fácil.

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