Opinión

El gasto público y el derecho a aprender desde el primer día de vida

Jennifer L. O’Donoghue.
Directora de Investigación en Mexicanos Primero.

www.mexicanosprimero.org

Twitter:@jennodjod

Hace una semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al legislativo el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual nos da una idea de cuáles serán las prioridades del Estado para el próximo año. Ahora le toca al Congreso discutir, modificar y aprobarlo. En estos meses se nos presenta la oportunidad de demostrar nuestro compromiso con nuestra población más joven y establecer desde el presupuesto una visión de educación incluyente que no se limita a los servicios escolares a partir de los seis años.

Como hemos argumentado en este espacio anteriormente, el gasto público es uno de los principales instrumentos de política pública en países democráticos. En el caso de la infancia temprana, el uso (o no) de los recursos públicos habla del compromiso del Estado con su obligación de garantizar el derecho de nuestra población más joven a una educación de calidad, entendido como el derecho a aprender y a desarrollarse plenamente. Este derecho – reconocido por acuerdos internacionales desde el Marco de Acción de Educación para Todos hasta la Convención de los Derechos del Niño – no inicia en la primaria, sino desde el primer día de vida.

En México hemos visto una grave desatención al gasto en la primera infancia. Si bien desde 1998 el gasto en la primera infancia en México, medido como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido, se mantiene por debajo del promedio internacional, y menos de la mitad de países como Dinamarca, el Reino Unido o Nueva Zelanda. Y el crecimiento en México ha sido menor con respecto a lo que se ha visto en países como Holanda, Corea del Sur o Chile.

Asimismo, el gasto en la primera infancia en términos absolutos es bajo. En 2009, por ejemplo, el gasto acumulado durante los primeros seis años fue de USD $6,589 por niño. Esta cantidad es la más baja de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para dar una idea comparativa, Chile, Polonia y Corea del Sur – países con un nivel similar de ingreso – gastaron entre el doble y el triple de esa cantidad por niño.

Si consideramos el gasto público en infancia temprana con relación al gasto en infancia media o tardía, vemos que destinamos menos recursos a los más pequeños. Sólo uno de cada siete pesos se dirigen a niñas y niños de 0 a 5 años. Y dentro de esta etapa, se nota otra preocupante tendencia: la falta de inversión significativa en los primeros tres años de vida. El gasto en niñas y niños menores de tres años representa solo 14% del gasto total de 0 a 5 años. De hecho, la suma de lo que se gasta en todos los primeros tres años no llega a la mitad del gasto por año en un niño de 4 o 5 años.

En suma, no importa cómo lo medimos, la conclusión es similar: la inversión en nuestra población más joven es muy baja.

Sin embargo, como en el estudio de (Mal) Gasto, nuestra propuesta no es sencillamente gastar más, sino también invertirlo mejor. El derecho de las niñas y los niños más jóvenes exige un gasto estratégico, un “buen gasto”: eficaz, equitativo, participativo, y transparente.

El gasto en primera infancia toma diferentes formas y se aplica a diferentes ámbitos de la vida. En México, el gasto en los más pequeños está orientado principalmente a la salud, nutrición y asistencia social. Esto es particularmente cierto en el caso del gasto en las niñas y niños menores de tres años, donde el sesgo al asistencialismo y no al desarrollo debe ser un foco rojo. Para que realmente sea una inversión en el futuro de nuestra población joven, debemos financiar un complemento adecuado de oportunidades de activación y desarrollo neurológico, físico y educativo.

El gasto público desempeña un papel importante en la consecución de los objetivos nacionales. No nada más señala el compromiso del Estado con el tema, sino también motiva a la población a trabajar en favor de prioridades y metas públicas. Pero más importante aún, el gasto público es crítico para el ejercicio pleno y equitativo del derecho de las niñas y los niños mexicanos. El gasto público en primera infancia determina en gran parte –por bueno o por malo – las oportunidades de desarrollo en la población infantil más vulnerable y, por ende, es una cuestión fundamental de equidad.