Opinión

El fuero, a debate legislativo

   
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El PES obtuvo su registro en julio de 2014. (Tomada de Twitter)

Con la promulgación del paquete de leyes que dan vida al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrantes del Poder Legislativo revisan la propuesta que en su momento puso en la mesa de los debates el naciente Partido del Encuentro Social (PES), que es el de retirar el fuero a los servidores públicos de alto nivel que están protegidos ante cualquier orden de aprehensión por la comisión de delitos de tipo penal en los ámbitos federal y local.

Como sabemos, el recurso fue instaurado como una forma de protección para no ser molestados por sus ideas o formas de pensar, por lo que, dicho de otra manera, estos políticos no pueden ser procesados mientras gocen de llamado fuero o, para que eso suceda, primero tendrán que ser llevados a juicio político para desaforarlos. Dicha protección alcanza a integrantes del Poder Ejecutivo federal, gobernadores, legisladores y magistrados.

Desafortunadamente muchos servidores públicos han malinterpretado el espíritu del precepto referido en el artículo 111 constitucional y con frecuencia lo confunden con impunidad para malversar fondos públicos, para proteger a grupos delictivos y hasta para atropellar los derechos humanos, sólo por el hecho de tener fuero. En alguno de esos supuestos se encuentran las acusaciones que hoy enfrentan mandatarios estatales en funciones como los titulares de Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, por sólo citar algunos ejemplos, pero igualmente el fuero protegió a exservidores como el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien por la existencia de esa garantía constitucional sus paisanos hoy le reclaman haberse servido “con la cuchara grande” y piden que “regrese” lo que se llevó de la arcas estatales.

Casos de desafuero, recordamos los aplicados al senador Jorge Díaz Serrano, quien fue enjuiciado y encarcelado por fraude a la paraestatal PEMEX, donde fungió como director. Otro sonado caso fue el aplicado al diputado federal Julio César Godoy Toscano, acusado penalmente de formar parte del grupo delictivo La Familia, que operaba en Michoacán, y quien por cierto se dio a la fuga antes del juicio de procedencia, quedando su estatus legal como “prófugo de la justicia”.

Son precisamente este tipo de delitos por los que en su momento el PES puso el dedo en la llaga e inició una campaña en medios de comunicación para que el tema se subiera a la agenda del debate legislativo y, con la llegada del SNA al escenario jurídico, el asunto vuelve a tomar fuerza, por lo que todo indica que será analizado con lupa en el Congreso de la Unión durante el próximo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Aunque hay quienes son partidarios de que este recurso deba continuar, y aunque el SNA contempla castigar faltas administrativas específicas e implementar procedimientos ágiles que respetan el debido proceso para lograr mejores resultados en la investigación y sanción de actos de corrupción, no estaría mal una revisión legislativa –como sugiere el grupo parlamentario del PES, que coordina el diputado Alejandro González Murillo– que permita actualizar el precepto constitucional, hacerlo más viable y acorde a la realidad, porque por el fuero, algunos políticos hoy están blindados ante cualquier acto de justicia y sus actos de corrupción no pueden ser castigados, al menos no con la celeridad que esos casos ameritan ser sancionados, ese es el problema.



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