Opinión

El fracking y la herencia envenenada de Sally Jewell


 
La industria del combustible fósil en Estados Unidos está de plácemes, pues ha logrado un auge impensable en medio de la crisis económica gracias al petróleo y el gas de esquisto que permite explotar la tecnología del fracking o inyección hidráulica, al grado en que la semana pasada la Agencia Internacional de Energía pronosticó que en sólo 5 años el país será un vendedor neto de hidrocarburos y se acercará a la 'independencia energética'.
 
Las repercusiones geopolíticas de la bonanza están a la vista: Washington disminuyó en más de 20% sus importaciones de crudo procedente de la OPEP desde 2009, lo que reduce la necesidad de mantener la presencia militar en Oriente Medio -Arabia Saudita ya busca mercados en China e India- y también relega a países dependientes de sus exportaciones a la Unión Americana, como México, Canadá y Venezuela. Hace un decenio, EU temía perder sus reservas de gas natural; hoy, el sector disfruta de un crecimiento que le permite colocar excedentes en Europa y Asia, rivalizando con Rusia.
 
Tan prometedor es el panorama que el 16 de mayo la Oficina de Administración de Tierras (BLM) del Departamento del Interior, que encabeza desde abril Sarah Margaret Roffey Jewell, anunció nuevas reglas para las operaciones de resquebrajamiento o fractura hidráulica en terrenos federales que protegen a las empresas, al reservar como 'secreto industrial' la composición de los fluidos que se inyectan en la roca subterránea para extraer gas y petróleo shale, al costo, aseguran ambientalistas, de contaminar los mantos freáticos y la superficie.
 
La reglamentación de 171 páginas, que sustituye a la propuesta del año pasado rechazada por el cabildo petrolero, bajo el argumento de que socavaría el auge, es más débil y representa una capitulación a sus intereses, aseguraron a RT y AP organismos como el Club Sierra y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
 
Indefensos
 
"Comparando los dos documentos, es muy claro lo que pasó: la BLM se inclinó hacia la industria de los hidrocarburos y dejó que la gente se defienda como pueda", afirmó Jessica Ennis, vocera de Earthjustice.
 
En contraste, Jewell, nacida en Inglaterra pero criada en EU desde los cuatro años, con una trayectoria que incluye haber trabajado para Mobil en los yacimientos de Oklahoma y un periodo en el sector financiero (Security Pacific, WestOne Bank y Washington Mutual), resaltó que las nuevas reglas, emitidas después de 30 años sin cambios, significan una 'actualización con sentido común' que incrementa la seguridad, aporta flexibilidad y mejora la cooperación con los estados y las tribus indígenas. Su base es el archivo en línea FracFocus.org de la industria y 'grupos intergubernamentales' que utilizan Colorado y otras 10 entidades, para monitorear los químicos que se emplean en la extracción.
 
Aunque también se fijaron normas para la construcción de pozos y el manejo de aguas residuales, los ecologistas hacen notar que el archivo sólo tiene carácter voluntario y permite ocultar las fórmulas exactas, que pueden incluir 750 ingredientes como café en grano y metanol. En un reporte, además, la Facultad de Leyes de Harvard determinó el mes pasado que en el portal abundan los vacíos, al tiempo que la confianza oficial en su información es 'injustificada o prematura'.
 
En lugares como Pennsylvania, donde la infición de las reservas de agua es una realidad -cada pozo requiere de 7.5 a 26.5 millones de litros y los programas de reciclamiento avanzan lentamente-, muchos creen que el gobierno de Nueva York tuvo razón en prohibir el fracking, que también podría generar sismos. Este año, un camión con basura del yacimiento Marcellus Shale fue rechazado en el confinamiento de residuos peligrosos de South Huntingdon, luego de que se detectaron radiaciones gamma 10 veces superiores al límite autorizado, que provocan leucemia y otros tipos de cáncer.
 
La voracidad del big oil, sin embargo, no se detendrá por eso. Apenas en abril, el juez federal Paul Grewal prohibió la explotación de más de 1,000 hectáreas rentadas en la Formación Shale de Monterey, California, al fallar que la BLM violó sus propias leyes al conceder los derechos sin evaluar antes el riesgo asociado a la fractura hidráulica.