Opinión

El fracaso municipal
en México

Dentro de las propuestas que se han llevado a cabo para reforzar la seguridad pública y a las instituciones del estado, existe una que puede ser el inicio de un nuevo camino para la consolidación de los esfuerzos de coordinación en materia de seguridad pública y esto es, la desaparición de las policías municipales para ser sustituidas por los cuerpos policiacos estatales, con lo que se prevé un mejor control de los policías que las conforman y así evitar la infiltración del crimen organizado a dicho nivel, que derivó en su caso más lamentable en la desaparición –y presumible asesinato- de 43 normalistas en Iguala.

Esta medida, que ya había sido propuesta por la administración de Felipe Calderón y que no funcionó por tratarse de una acción voluntaria para el mando único, ahora se pretende imponer de manera obligatoria incluso a través de diversas modificaciones a la Constitución General de la República. Llama la atención las reacciones de grupos políticos que defienden –caso por caso, dicen ellos- la permanencia de algunas policías municipales que en teoría, funcionan mejor incluso que las estatales. Si bien es cierto esta situación puede ser un reconocimiento a una política pública local que ha sido exitosa, también es cierto que en la gran mayoría de los municipios del país las policías son corruptas, incompetentes y sometidas por los criminales y los intereses políticos, que en ocasiones, coinciden.

Es en este contexto que se inicia este debate por la seguridad, entre los puristas que quieren un respeto a toda prueba del artículo ciento quince constitucional –aunque esté demostrado que no funciona- y a la libertad municipal que evidencia su agotamiento y alejamiento de la realidad; y por el otro, aquellos que en un reconocimiento evolutivo del fracaso de la autonomía municipal, proponen transformar nuestras instituciones para con ello intentar transformar la realidad lacerante de un país con autoridades municipales rebasadas ya. Y esta propuesta, debe de ir más allá.

No basta con que un presidente municipal no tenga control sobre sus policías para evitar que se coluda con los criminales y se ponga a su servicio. No. Hay que ir más allá, transformar el concepto del municipio libre y autónomo para hacer que los ediles y sus cuerpos de cabildos, se transformen en funcionarios de la federación para que se encarguen de la instrumentación de los programas federales en sus territorios, siempre de la mano de los delegados federales en los estados.

Esta disposición haría que los alcaldes tuvieran la obligación constitucional de estar sometidos a la aprobación del Gobierno Federal para poder desempeñar sus cargos, sujetos a pruebas de confianza y a una constante vigilancia del estado federal. Serían funcionarios electos, pero sujetos al desempeño de sus funciones federales, lo que sería un valladar para la complicidad con los criminales y sobre todo, les haría responsables de forma directa ante las autoridades federales quienes podrían disciplinarlos en su caso.

Esta propuesta no es nueva, así funciona en Francia la vinculación entre alcaldes electos y el estado central. Son funcionarios locales, que también desempeñan funciones centrales en sus territorios. Y Francia tiene más de cincuenta y cinco mil municipios; les ha funcionado bien y se establece una homogénea política pública en materia municipal para todo el país. Tel vez es momento de dejar de ser tan puristas y volvernos eficientes, hacer nuestro propio modelo municipal, para lo cual debemos reconocer en primer término, que el actual ha dado de sí y ya no funciona.

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