Opinión

El 'feuderalismo' y el presidencialismo mexicanos

 
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Banda. (FayerWayer)

Antes de la alternancia del año 2000, poco se previó sobre el comportamiento que tendrían los gobernadores de los estados al modificarse el sistema político. Lo que sucedió fue que incurrieron en los peores excesos de despotismo, corrupción e impunidad. No porque antes fueran bien portados, no, sino porque con el inicio del siglo las cosas para ellos ya no conocieron límites. ¿Qué fue lo que pasó?

La explicación no tiene mayor ciencia. Como bien se sabe, durante las siete décadas de la hegemonía priista, los gobernadores fueron producto de la sola voluntad presidencial. Y por supuesto susceptibles también de ser removidos en cualquier momento por decisión del presidente. Pobre de aquel gobernador que osara insubordinársele, pues a partir de ese momento podía considerarse hombre muerto. Hasta que el modelo cambió con la alternancia, pero sin haberse tomado las previsiones pertinentes. Nació así el llamado 'feuderalismo'.

En una república federal como la mexicana, los gobernadores de los estados son piezas clave. Subordinados o no al presidente, su importancia es obvia. De manera natural son un elemento para la estabilidad política del país, en particular si están sujetos a un férreo control. Tan importante es su papel, que en el libro clásico La democracia en México, publicado hace poco más de medio siglo, su autor Pablo González Casanova expone una interesante tesis acerca de por qué, a diferencia de lo que sucede en otros países, en el nuestro no hay elecciones generales de gobernadores, sino que éstas se dan escalonadas en el tiempo.

¿A qué obedece ese escalonamiento cronológico? A una especie de seguro político para el presidente saliente, pues al momento en que éste deja el cargo la (casi) totalidad de los gobernadores le son naturalmente adictos por deberle el cargo a él; aunque saben que en nada podrán oponerse al presidente entrante, porque sería jugar con lumbre. Se establecía así un delicado equilibrio entre los presidentes saliente y entrante.

En la medida en que transcurría el sexenio y el presidente en turno iba nombrando a los nuevos gobernadores, su fuerza se consolidaba, hasta que en el penúltimo año de su sexenio, ya con casi todos los gobernadores designados por él, era de tal magnitud su poder que le permitía, sin apelación posible, designar a su sucesor. Así funcionó el sistema durante décadas.

Hasta que en el año 2000 la alternancia introdujo un elemento extraño en su funcionamiento. Al no sentir compromiso los gobernadores con el nuevo presidente e intuir que nada les pasaría si relajaban la disciplina, por considerarse necesarios para el mantenimiento de la estabilidad política, amén de por la influencia que suelen ejercer sobre los legisladores de su partido, indispensables para la aprobación en las cámaras de los proyectos legislativos de interés, terminaron por sentirse intocables. Y de aquí brincaron a los excesos de arbitrariedad, corrupción e impunidad que se les ha visto en lo que va del siglo.

¿Fallaron en este punto los presidentes de la República del periodo 2000-2012? Sí y no. No fallaron porque contuvieron la tentación, si acaso la tuvieron, de acudir a las prácticas del antiguo régimen para mantener, con manotazos autoritarios, la vieja disciplina priista que los gobernadores de este origen seguían por mero reflejo condicionado.

Pero sí fallaron, ahora lo vemos, al no haber promovido y aun establecido incentivos para que los mecanismos de diseño constitucional cumplieran su función. El tema queda aquí para otra entrega.

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