Opinión

El espionaje y los crímenes de Estado, aunque sea por omisión

 
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En México se ha incrementado de manera alarmante el número de agresiones a periodistas y profesionales de la comunicación en los últimos años.

Recientemente, Roberto Campa Cifrián –quien es el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos- reconoció que un problema importante para la protección de los periodistas es que no confían en el gobierno, no creen que los sistemas para la protección de periodistas sean suficientes para cuidar de su integridad y su correcto desarrollo profesional.

Simplemente, no le creen al gobierno. El caso del periodista Javier Valdez en Sinaloa, pareció haber despertado la alarma -o mejor dicho la curiosidad- de las autoridades sobre este tema que sin dudarlo es de la mayor importancia para la subsistencia misma del estado y sus pesos y contrapesos. Se hizo una sesión especial de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago) para tratar el tema; se autorizaron partidas presupuestales especiales para los organismo que cuidan a los comunicadores…y ya.

Siguen impunes los crímenes de periodistas en México, una policía que parece tener una incapacidad por resolver estos delitos que agravian a familias enteras y sobre todo, al derecho a la información que tenemos los mexicanos. Una cosa es la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos para cuestionar las posturas de cada comunicador –que
válidamente pueden asumir posiciones- y otra muy distinta son las amenazas denunciadas y no atendidas por la autoridad.

En el momento en que un opinador escribe algo crítico en contra de tal o cual personaje, de inmediato se reciben cuestionamientos y hasta insultos; insinuaciones de estar vendido a uno u otro. Eso forma parte de la democracia y de la libertad de expresión, pero tratándose de amenazas a la vida o integridad del periodista o su familia, estas deben ser tomadas en cuenta por quienes deben defenderles.

El problema, como lo reconoció Campa es que los periodistas no confían en el gobierno. ¿Cómo se puede confiar en un gobierno que usa los aparatos de inteligencia nacional para espiar a comunicadores incómodos o activistas que cuestionan las prácticas de gobiernos
corruptos hasta la médula? ¿Cómo se puede denunciar una amenaza o una afrenta si en muchos casos se puede sospechar –válidamente- que los intimidadores se encuentran vinculados a los aparatos del estado mexicano?

La reciente nota del New York Times en que evidencia que el Gobierno Federal mexicano espía periodistas y activistas, sería demoledora en una democracia, pero no en México. En México no pasa nada, se usan
aparatos sofisticadísimos y carísimos para cuidar la imagen de los políticos, que asco. El Código Penal Federal establece la existencia de delitos por acción y por omisión. Por omisión – grosso modo - son aquellos en que sabiendo que se cometerán actos delictivos, no se hace nada por evitarlos.

Es factible pensar que el gobierno federal en sus redes de espionaje sabía de los riesgos de periodistas que finalmente fueron asesinados y sin embargo, no hizo nada por convenir así a los intereses de políticos y grupos de poder.

Estos crímenes deben esclarecerse –aunque parezca una ingenuidad siquiera proponerlo- para delimitar claramente las responsabilidades y nivel de involucramiento del gobierno.

Lo que queda claro es que cuando un gobierno decide utilizar todo el peso del estado en contra de sus propios ciudadanos, nos encontramos en una situación grave, gravísima de un estado fallido con tintes dictatoriales para la defensa de intereses criminales y corruptos.

Ejemplos sobran y los más recientes, son tristes y evidencian de nueva cuenta a una clase política sin deseos de servir a la sociedad, sino servirse de ella. En estos casos, bien podrían configurarse “crímenes de Estado” por omisión, aunque no en el sentido que enunciaba Montesquieu, a quien seguramente ni siquiera conocen quienes gobiernan actualmente. Es una hora muy muy triste para la república.

Twitter: @carlosjaviergon

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