Opinión

El 'empoderamiento' de las minorías y la consulta pública

10 febrero 2014 5:0 Última actualización 13 agosto 2013 5:53

 
 
 
Antonio Cuéllar Steffan

Sin lugar a dudas, no existe antítesis más clara de la democracia que un Estado autoritario y despótico. La defensa de los Derechos Humanos, en esa medida, se convierte en una condición indispensable de la democracia. En ese camino, México ha emprendido una transformación sustancial que podría ser digna de imitaciones por muchos países en proceso de desarrollo en un futuro inmediato. Un problema que surge, alrededor de la auténtica defensa de los derechos del hombre, sin embargo, tiene que ver con el 'empoderamiento' de las minorías; ¿la participación ciudadana es realmente un ingrediente indispensable de la democracia?
 
 
Un sistema democrático supera a una estructura jurídica y a un régimen político, y se convierte en un sistema de vida en el que existe una búsqueda constante por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; así lo establece el artículo 3 de la Constitución. Sin embargo, un sistema democrático no deja de ser parte de un modelo de vida dentro de la legalidad, en el que la función gubernativa queda obligadamente depositada en aquellos a los que la población concede la representatividad política necesaria e idónea.
 
 
El modelo de participación ciudadana que se ha pregonado a lo largo de los últimos años, permite suponer una concepción errónea de lo que debe ser la intervención popular en la toma de decisiones gubernamentales. La ciudadanía no gobierna. Porque en una democracia, existen acciones que se deben dictar, para beneficio del interés público, que no forzosamente han de ser populares, o no necesariamente podrían llegar a ser entendidas sino por quienes realmente se encuentran inmersos en la toma de la decisión misma.
 
 

Existen normas constitucionales y otros ordenamientos secundarios que permiten una intervención abstracta de la ciudadanía en la decisión relativa a las políticas públicas y resoluciones de gobierno que se lleguen a dictar, a través de las cuales los legisladores han pretendido legitimar su actuación política y el fortalecimiento de la democracia mexicana. En las leyes ambientales, de preservación de nuestra cultura y arqueología, y en las de desarrollo urbano, por ejemplo, que conceden al 'gobernado' una acción pública para acudir ante los tribunales, o un “derecho” para dar su opinión con relación a cualquier proyecto determinado que se pretenda autorizar y ejecutar.
 
 

La Segunda Sala de la SCJN, al resolver un recurso de aclaración de sentencia la semana pasada, ha ordenado que se deje insubsistente una resolución administrativa que ha permitido la construcción del proyecto 'Acueducto Independencia', en Sonora. El origen de su resolución proviene de una acción promovida por una comunidad yaqui, que basa su petición en el derecho que la Constitución le otorga a todo ciudadano a gozar de un ambiente limpio.
 
 
El efecto inmediato de la resolución de los ministros, no es otro sino el de conminar a las autoridades ambientales de la Federación, para efectuar la consulta correspondiente a la misma comunidad yaqui.
 
 

Me pregunto ¿cuál podrá ser el desenlace de la consulta y qué efectos inmediatos tiene con relación a los sujetos involucrados? La consulta ciudadana habrá de reponerse y la comunidad yaqui habrá de expresarse. De confirmarse el criterio original por parte de la autoridad ambiental, se renovará un ánimo de descontento, ahora mayor, por parte de los integrantes del grupo comunitario; de modificarse la resolución, se habrán afectado los derechos que anteriormente se habían otorgado al ejecutor de la obra; de revocarse la autorización, entonces no sólo se habrá afectado a este último, sino además a un número importante de ciudadanos que con la obra habrían de verse favorecidos.
 
 
La consulta ciudadana así, se convierte entonces en un mecanismo por medio del cual se arroja a la sociedad, una discusión política que originariamente y en forma profesional y legalmente controlada, debía corresponder, ante todo, a quienes se encomendó una representación política-ciudadana, a sus gobernantes.
 
 
En esas condiciones la consulta ciudadana, más que beneficiar un diálogo democrático, se convirtió en un instrumento de encono y descontento social, que puede ser terriblemente peligroso y dañino para el aseguramiento de un modo de vida armónico, civilizado y pacífico.
Dos reformas se avecinan y tocan hilos sumamente sensibles que tienen que ver con los dos temas que aquí discutimos: energía y participación ciudadana (en estricto sentido).
 
 
¿Es conveniente que sean los movimientos ciudadanos los que levanten la mano para decidir cómo es que puede mejorarse la rentabilidad petrolera y la conducción del organismo encargado de efectuar la actividad monopólica del Estado en materia de hidrocarburos? Seguimos estando a tiempo para entender que las reformas necesarias y las reformas democráticas, no forzosamente son las populares ni, mucho menos, las demagógicas.
 
 
Profesor de amparo.