Opinión

El Ejército a Guerrero

Por supuesto que deberían desaparecer poderes en Guerrero.
El poder real lo han tenido la pandillas criminales, que junto a buena parte de la clase política local, son una y la misma cosa.

Cadáveres y más cadáveres aparecen en el subsuelo guerrerense. ¿Cuáles instituciones? ¿Cuál Poder Judicial?

Lo encontrado en las excavaciones que se han hecho en las inmediaciones de Iguala es siniestro. Más de 300 cadáveres, que no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.

Ahí se secuestraba, se asesinaba, destazaba y se enterraba de manera clandestina. Eso es un narcoestado.

En Guerrero no hay Estado de derecho. Y no lo ha habido por mucho tiempo.

Brigadas civiles escarban y encuentran osamentas: “Esta persona tuvo que ser asesinada hace dos o tres años. Lo trocearon con un machete”, dice un voluntario al enviado de El País, mientras sostiene un cráneo con su mano izquierda.

Los normalistas de Ayotzinapa tomaban la carretera cuando querían y no pasaba nada. Robaban camiones, quemaban gasolineras, destruían edificios; al cabo que era tierra de todos menos de las autoridades.
Se permitió hacer de todo y ocurrió lo peor.

Ahí no había ni hay autoridad que valga ser nombrada como tal.
Qué bueno que entró el Ejército a una docena de alcaldías ligadas con grupos de narcotraficantes en Guerrero, aunque lamentablemente ocurrió demasiado tarde.

Ahora vemos que la férrea oposición a que soldados y marinos entren a territorios conflictivos, como Guerrero, es parte de una estrategia de criminales y políticos al servicio unos de otros.

Hoy se aplaude la entrada del Ejército a Guerrero, pero hasta hace muy poco organizaciones de autodefensa repudiaban su presencia en el estado.

Hasta llegaron a retener, rodear y humillar a patrullas del Ejército para conminar al personal militar a salir de la entidad, ya que –decían– las autodefensas podían solas.

La razón de su resistencia no era otra que tener el terreno libre para seguir tomando el control de plazas, hasta llegar a extremos como el caso de Iguala, donde narcotraficantes desaparecieron a 43 normalistas porque molestaban a la autoridad municipal.

Con ese reparto del poder no querían la presencia del Ejército, porque no les convenía. Lo desprestigiaron para disminuir su presencia en la entidad.

A las Fuerzas Armadas se les le ligó a mentiras de manera aviesa, como el supuesto caso de una anciana violada y asesinada por la tropa, que fue falso, pero ampliamente difundidas por comunicadores de la misma tendencia política que ha gobernado Guerrero por dos sexenios.
Durante todos estos años se ha permitido violar la ley y atropellar los derechos humanos al grado de que resulta fácil matar por el motivo que sea.

Al secretario general del PAN en el estado, Braulio Zaragoza Maganda, lo mataron hace un par de semanas en Acapulco por instrucciones del presidente de ese partido en el estado, y del coordinador de regidores del blanquiazul en la entidad.

Zaragoza les resultaba incómodo para las aspiraciones de ambos, que querían ser diputado local y secretario ejecutivo del partido, respectivamente.

Tal desprecio por la vida ajena es porque matar se vuelve rutina y no tiene riesgos.

Eso debe terminar. Así como se pudo en Michoacán, que está mejor que como estaba antes, también debe poderse en Guerrero, aunque se enojen los que se aprovechan del caos.

Twitter: @PabloHiriart