Opinión

El ejemplo Pérez

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Otto Pérez Molina durante la comparecencia ante la Suprema Corte de Justicia de Guatemala

Lo ocurrido el pasado miércoles 2 de septiembre en Guatemala sienta un precedente de gran relevancia para la región, dadas las circunstancias tanto internas como internacionales que motivaron la dimisión y el posterior encarcelamiento del jefe de Estado de ese país y su vicepresidente, enfrentando acusaciones de corrupción y vínculos con una organización criminal dedicada a la defraudación fiscal a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Dos son los factores que se ofrecen como determinantes en la caída del exmandatario (jefe de Estado, jefe de Gobierno, comandante general del Ejército, oficial superior de la Policía Nacional Civil y gran maestre de la Orden del Quetzal): por una parte la injerencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano independiente creado por la ONU, con el apoyo de varios países europeos, Canadá y Estados Unidos, y por otra la presión social interna, manifestando su desasosiego por los altos niveles de corrupción gubernamental que condujeron a una crisis política aguda.

La conjunción de los dos factores resulta paradigmática y nada desdeñable, dadas las intensiones expresas de ampliar la zona de acción de la Comisión a otros países, en principio, de Centroamérica. Ante esta circunstancia, no sería descabellado advertir la posibilidad de que el ejemplo guatemalteco se expandiera y encontrara eco en sociedades continua e históricamente laceradas por la corrupción y la impunidad de sus gobernantes.

Bien entendido, sin la injerencia extranjera muy difícilmente se hubiera llegado a este desenlace y, sobre todo, al procesamiento por la vía judicial del mandatario, su vicepresidente y los funcionarios de su gobierno que se vinculen al caso. En concreto, el organismo internacional actuó como instancia supranacional y operó mecanismos de investigación en consonancia con las autoridades judiciales domésticas.

Queda claro que, bajo un ambiente global, los tradicionales conceptos en que encontraron sustento ideológico y político los estados nacionales, como soberanía, autodeterminación, nacionalismo e independencia, han mutado ante los nuevos paradigmas de la realidad internacional, en función de antiguos y nuevos intereses de quienes condicionan la geopolítica del siglo XXI, pero también es evidente que los gobiernos de los países sujetos a ese condicionamiento (México no es la excepción) ofrecen, cotidianamente y de manera profusa, elementos que justifican el cuestionamiento y la presión externa, tanto como el malestar y la decepción interna, creando entornos propicios para la expresión del descontento social por todas las vías a su disposición, validando incluso la intervención exterior, como es el caso que nos ocupa.

Las consecuencias inmediatas y a mediano plazo del proceso que se sigue al expresidente Otto Pérez de Guatemala son inciertas, pero en principio el asunto es una drástica lección para su propia clase política. Es, asimismo, un ejemplo muy cercano, temporal y geográfico, para otras naciones que padecen similares flagelos.

Obviar el descontento social, desdeñar la demanda ciudadana, cerrar ojos y oídos a las nuevas realidades, parece ya no ser la mejor estrategia para gobernar sociedades fatigadas por el engaño y la expoliación.

El autor es catedrático de la Universidad Anáhuac México Norte.

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