Opinión

El divorcio entre la capital y la “movilidad”

Hoy primero de julio entra en vigor la nueva versión del mal logrado programa del Hoy No Circula, cuyo propósito aparente es disminuir la contaminación atmosférica pero que, en el fondo, se convierte realmente en un mecanismo bicéfalo para molestar a los conductores y beneficiar a los distribuidores de automóviles, que por esta vía logran un mayor desplazamiento de su mercancía. ¿Es válido el programa?

Siempre que se parte de una verdad comprobada, pareciera como que cualquier medida encaminada a complementarla gozaría de la apariencia de ser igualmente válida. Es cierto y no se puede objetar que la contaminación atmosférica en la ciudad de México es suficientemente grave como para tener que combatirla, y que la principal fuente generadora de gases nocivos para la salud y el medio ambiente es la que proviene del uso vehicular. La respuesta más fácil para resolver el problema es la que se vino a implementar: disminuir el número de coches que circulan.

Sin embargo, la resolución adoptada, en la forma en que aparece publicada, pareciera ser claramente discriminatoria y terriblemente limitada, porque se aparta de principios generales reconocidos como derechos humanos en la Constitución y el Estatuto de Gobierno de la capital, que imperan por encima de cualquier decisión del jefe de gobierno o la Asamblea Legislativa, y con apego a los cuales debiera haberse valorado la solución real al problema.

La Constitución establece con claridad que ninguna persona puede ser sujeto de discriminación alguna, especialmente por razón de condición social. Nadie puede ser afectado en el ejercicio de sus derechos, en igualdad de circunstancias frente a otros, por el hecho de ser menos rico o más pobre que los demás. El mandato es categórico y es de tal importancia que se encuentra incorporado, nada más y nada menos, que en el artículo 1º de la Carta Magna. Un derecho humano y su concomitante garantía constitucional en materia de igualdad.

Es perfectamente válido que un automóvil que contamina más sea objeto de un trato legal diferenciado, pues es a través de una medida ad hoc con respecto al objeto contaminante que se logra la salvaguarda del objetivo de interés público que se pretende tutelar: la conservación del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad del aire. Sin embargo, la verdad sea dicha, el programa del doble Hoy No Circula no tuvo como primer criterio de selección o aplicación el concerniente al volumen de partículas contaminantes emitidas, sino al número de años en circulación, como si la tecnología automotriz se desarrollara cada año de manera tal que la carburación de la gasolina pudiera mejorar en cada modelo que sale al mercado según la época de su fabricación.

La política que ha adoptado el gobierno de la capital es claramente discriminatoria y atenta en contra de aquellas personas que, sin importar el volumen de contaminantes que emita su vehículo, carecen de medios para actualizar su automóvil en un periodo determinado. Es contraria a un principio elemental de igualdad que protege la Constitución y que, de haberse valorado, habría servido para que se distinguiera a los vehículos contaminantes en función de la acción que se pretende inhibir o sancionar, y no por un elemento que es totalmente ajeno a la fuente misma de la obligación: la época en que fue fabricado y vendido.

El tema no se limita a la transgresión que desde nuestro punto de vista se actualiza con relación a la Constitución, sino además a una visión incompatible de la medida y un derecho que consagra el Estatuto de Gobierno, que la administración del doctor Mancera pareciera no conocer o querer aceptar: el derecho a la movilidad.

Es una obligación del gobierno del Distrito Federal alentar políticas y decisiones que permitan el mejoramiento del transporte colectivo, el transporte público a través de medios alternos, distintos al vehicular personal.

Se ha iniciado una campaña abierta en contra de los automovilistas, a quienes se les hostiga y se grava para que no conduzcan su vehículo un determinado e importante número de días de la semana, o para que no lo estacionen en determinados sitios, como sucede en zonas como Polanco, la Condesa y muy pronto Coyoacán, a través del otro programa, el de parquímetros. A cambio de eso, ¿qué se ha hecho para alentar el uso de un transporte público digno o alternativo? Recién murió un ciclista atropellado en un día de descanso, por falta de vías confinadas exclusivas para el uso de la bicicleta.

La puesta en marcha del nuevo programa acabará por alentar la conducta comercial y la consecuencia material que, precisamente, se pretende evitar: incremento del parque vehicular.

Porque ante la falta de alternativas de transporte y mediante el establecimiento de la prohibición que probadamente no ha funcionado, la consecuencia sólo será la que ya vivimos y ya conocimos con suficiencia a lo largo de las últimas décadas: desplazamiento y venta de un mayor número de vehículos por parte de los distribuidores.

El programa es poco creativo, y sí claramente invasivo en contra de la ciudadanía. Nada obstaculiza la suspensión de la medida por parte del gobierno del Distrito Federal. Si con facilidad se ordenó la suspensión de la Línea 12 del Metro en la que se transporta casi medio millón de personas diariamente, lógico habría de ser que se pensara en que, ese universo tan importante de seres humanos, tienen el derecho para desplazarse de algún modo hacia su lugar de trabajo o de recreo, ¿no? Sin servicio de transporte colectivo y sin vehículo privado, ¿se les va a obligar a caminar? Vaya mensaje el que se envía a la gente que menos tiene: que adquieran un vehículo nuevo.

En función de la movilidad y en atención al derecho a no ser discriminado, se presenta una época en la que la administración capitalina debiera darse un poco más de tiempo para elaborar propuestas más asertivas para resolver, y sin mengua de las prerrogativas que reconoce la Constitución, los problemas más arraigados en que viven inmersos todos los capitalinos.