Opinión

El desvío en el gasto educativo

10 febrero 2014 4:34 Última actualización 30 octubre 2013 5:2

 
David Calderón
 
El derecho humano a la educación de calidad, que nuestra constitución reconoce, se ve violentado cuando los fondos públicos educativos, de por sí un recurso escaso, se desvían de su destino y son asignados como salarios a personas que no les corresponde, o se usan para pagar bienes y servicios que no sirven a los niños, sino que se sirven de ellos.
 

La forma en que se distribuye el gasto en educación en México es de por sí regresiva, pero la inequidad se agrava en la práctica cotidiana cuando el gasto está sujeto a depredaciones que quedan impunes y se reiteran ciclo tras ciclo. La insensata y ofensiva proliferación de comisionados sindicales es contraria al ideal de la escuela pública, gratuita y laica; y esencialmente financia un sistema de captura a favor de la cúpula sindical.
 

Voceros de la cúpula sindical se dicen doloridos por las condiciones de los maestros multigrado, o apelan a las lamentables condiciones de contexto de muchas escuelas; lo que no dicen es que sus propios sueldos y los de miles de figuras fuera del aula, tomados ilegalmente año tras año de los fondos que no tienen esa finalidad, servirían para mitigar esas situaciones.
 

Hay un círculo vicioso que se ha repetido por años: sin tomar en cuenta las observaciones de su propio órgano de control, que es la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Cámara de Diputados presupuesta el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica sin introducir controles eficientes.
 

La SHCP envía recursos a los estados, y a la SEP, para el caso del DF, sabiendo que se convierten en pagos y “apoyos” que mantienen viva la estructura de control territorial con la que sofoca a los maestros. Ese dinero desviado financia una extensa burocracia paralela que acaba por prevalecer, las más de las veces, sobre los funcionarios que recibieron oficialmente el mandato, y ponen un filtro, graduado según su conveniencia, a la política pública educativa.
 

Dos años después de realizados los pagos, la ASF documenta irregularidades con gran detalle, que sí informa, pero sin iniciar todas las sanciones que podría, según sus atribuciones de ley. El Informe de la Cuenta Pública, en el que la ASF hace el recuento de desvíos, no es tomado en cuenta por la Cámara de Diputados. El ciclo reinicia cuando la Secretaría de Hacienda concentra el presupuesto del año siguiente y lo envía de nuevo a la Cámara sin que nadie haya propiamente corregido el asunto, ni para castigar lo ya hecho ni para impedir que se siga haciendo. Sólo para 2010 y 2011 fueron 25mil mdp.
 

Estos pagos ilegales son un ejemplo más de la pérdida ya añeja de rectoría del Estado en el campo educativo. Es muy grave pero tan común el abuso, que muchos se alzan de hombros y dicen: “así es y así ha sido desde siempre”, “no hay nada que se pueda hacer”; o bien: “corregirlo pone en peligro la gobernabilidad” y toda una sarta de justificaciones del mismo estilo.
 

El global del gasto educativo no se evalúa en su finalidad central: los programas reciben fondos, se les reducen, aparecen y desaparecen del presupuesto sin pasar por el tamiz de su eficacia misma, que es el máximo logro de aprendizaje posible para niñas, niños y jóvenes de México. Ello no ocurre ni lo que respecta al pago de los maestros ni al gasto en infraestructura, becas o incorporación de tecnología, ni en los recursos para atender la condición de discapacidad o favorecer la lectura, tampoco para consolidar la formación inicial o la formación continua de los maestros.
 

Cuestionar la ineficiencia y pedir sanción para el desvío no se traduce en que se disminuya el aporte que los contribuyentes damos para que la escuela sea pública y gratuita: precisamente, lo que exigimos es que se haga una asignación efectiva y una distribución equitativa de esos fondos, que se castigue la ilegalidad patente y que se impida una nueva captura. Evaluar sin corregir, detectar sin sancionar, registrar sin rendir cuentas en serio, no son opción.
 

Si el círculo sigue roto, seguirá siendo un círculo vicioso. La Constitución establece en el Artículo 31, fracción IV, la obligación que todos nosotros tenemos de pagar contribuciones para el gasto público; correspondientemente, el Artículo 134 marca la responsabilidad para las autoridades de que los fondos “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
 

Se trata de nuestro dinero, el de todos; pero además, y muy por encima de ello, se trata de nuestros niños, los de todos.