Opinión

El desarrollo sustentable público-privado

10 febrero 2014 5:8 Última actualización 16 julio 2013 6:21

 
 
Antonio Cuéllar Steffan
 

La planeación, el orden y la organización de todas las fuerzas que concurren al desenvolvimiento económico del país, puede llevarnos a generar una dinámica de progreso de la que depende el futuro de todos los mexicanos. Ese orden hoy no existe. La proyección de crecimiento de nuestra población para el año 2050 arroja un resultado de alrededor de 150 millones de personas. El crecimiento actual de nuestra economía sería absolutamente insuficiente para mantenerlos a todos.
 
 
El Presidente de la República recién dio a conocer un plan mayúsculo de inversión nacional en materia de infraestructura y telecomunicaciones, que tendrá lugar durante a lo largo de los más de cinco años que quedan de su administración. Se trata de una inversión que podría llegar a superar los cuatro billones de pesos que busca lograr la conectividad nacional a fin de disminuir los costos del transporte y mejorar la calidad de vida de la población.
 
El anuncio es sumamente alentador, porque dibuja una visión de largo plazo que podría ser coincidente con el cúmulo de reformas y políticas que se están adoptando. Es el menú al que están viendo los mercados y que coloca a México como uno de los países en los que podría tener mejor resguardo la inversión internacional.
 
 

Una condición se irá delineando con el tiempo y deberá dar lugar a una gran creatividad por parte de los abogados a quienes vaya a quedar encomendada la construcción de toda la ingeniería jurídica que requiere el proyecto que se anuncia. La dimensión del país, su geografía y su movilidad, difícilmente hacen sustentable la construcción de una gran infraestructura carretera o ferroviaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, no obstante que ésta es verdaderamente urgente y resulta ser, además, muy conveniente desde un punto de vista social.
 
 
Junto con la política de inversión en infraestructura que tanto deleita al oído, es menester que también se diseñe la gran política nacional en materia de desarrollo urbano y la otra, siempre arrumbada en el último de los cajones, que es la política de población. ¿Hacia dónde va a crecer México?, ¿Cómo se va a conformar su población?, ¿Qué actividades son las que se deben desarrollar por región?
 
No podemos suponer que en el desorden en que ha crecido el país y su población se pudiera planear un proyecto que justifique y compense la amplia inversión en infraestructura que se está propalando. Cualquier capitalista del sector privado al que se invite a arriesgar su dinero en la construcción de una vía de transporte, de un puerto, de una infraestructura de telecomunicación, lo primero que analizará será lo concerniente al tráfico entre una plaza y la otra que vaya a quedar conectada; el tráfico de mercancía, de personas, de datos, lo que sea.
 
 
Quien invierta buscará una rentabilidad que, la verdad sea dicha, el país no está preparado para dar.
 
 
Es aquí en donde viene a cobrar gran sentido una ley que fue aprobada en la legislatura pasada, de la que puede derivar esa gran visión del Estado, a través de la cual se asuman compromisos públicos frente al sector privado que son perfectamente justos y de los que nadie habla, compromisos que no tendrán otro objeto sino el de compensar en la medida en que sea necesario, el retorno de la inversión y una utilidad a cambio de la construcción de esa infraestructura que podría no ofrecer rendimientos directos, pero sí muchos indirectos que nos benefician a todos y que, en esa proporción, nos comprometen: la Ley de Asociaciones Público Privadas.
 
 
En ésta se sientan las bases y lineamientos que facilitan la asociación del gobierno y del sector privado, en la proyección y concreción de actividades de interés y utilidad pública, con la participación patrimonial directa del sector privado, bajo regímenes de eficiencia en la dirección de las actividades desarrolladas que dan certidumbre a la inversión.
 
 

Porque la construcción de una línea ferroviaria para unir a Puebla o a Querétaro y la Ciudad de México, para ofrecer transporte de pasajeros, no sería financieramente viable por sí misma, pero sí lo sería a través de una derrama económica indirecta, si participaran conjuntamente los gobiernos de las dos entidades federativas y se implementaran políticas que permitieran la organización de actividades productivas conjuntas que ocuparan a su población y que, por esa vía, incrementaran la recaudación en los límites esperados.
 
 
Es un buen momento para apreciar la debida dimensión que debe darse al postulado que contiene el artículo 25 de la Constitución, en el que con toda claridad se prevé que 'al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación'.
 
De esta manera, si existen ya los instrumentos legales adecuados que permitan una mayor participación de todos los sectores que conforman la gran cadena productiva nacional, es una buena hora para empezar a usarlos; y sino existen o no están al corriente, es el momento para pensar en la actualización debida del marco jurídico que permitirá esa gran organización social de la que pende el progreso de México.
 
 
Profesor de Amparo