Opinión

El desarrollo extraviado y los momentos mexicanos

 
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Pobreza. (Cuartoscuro/Archivo)

Muchas reformas institucionales se han hecho en los últimos treinta años, con el fin de “insertar” al país en los nuevos mundos de la globalización así como de dotarlo de potencialidades que garantizaran nuevas dinámicas de sus fuerzas productivas y, en particular, pudieran asegurar que una crisis como la provocada por la deuda externa no se repitiera. Ciertamente, una debacle como aquella no ha vuelto, pero tampoco hemos tenido un crecimiento económico como el que se desvaneció en la década perdida, ni una generación de empleos como la que reclama la demografía transformada desde aquellos años y que hoy se resume en los altos coeficientes de subempleo, informalidad y brechas laborales, jóvenes que ni estudian ni trabajan, migraciones mayúsculas o la recurrencia al peor de los empleos marginales que “ofrece” la criminalidad organizada en sus varias acepciones.

Es el momento de recapacitar y poner en su lugar la “reformitis” con la que se ha querido exorcizar los espectros de nuevos descalabros financieros y abrir paso a la expansión económica. Sabemos que la historia no se repite y que no hay tal cosa como aquello de que “todo tiempo pasado fue mejor”. Pero hurgar en algunos de los momentos decisivos de nuestra historia reciente, que para muchos parece como un presente interminable, puede servir para dibujar algunos de los trazos para un nuevo curso de desarrollo, que a México le urge intentar. A recordar algunos de estos momentos quiero dedicar varias de mis próximas entregas; veamos.

La idea del desarrollo como transformación estructural y búsqueda de una convergencia económica entre las naciones, forma parte de las experiencias políticas internacionales de los dos últimos siglos. Sin embargo, la preocupación por este proceso adquirió presencia y se volvió universal y estratégica hasta la segunda mitad del siglo XX. En México, la aspiración por el progreso económico como modernización, se planteó desde el siglo XIX y se dirigió a crear las condiciones necesarias para el despegue económico nacional: mercados nacionales, eliminar los privilegios, impulsar la planta productiva. Este empeño lo compartieron liberales y conservadores, nacionalistas y cosmopolitas, pero cuando revisamos los datos duros de nuestra historia socioeconómica los resultados resultan ser muy duros con el desarrollo.

La incapacidad de construir puentes entre proyectos de nación antagónicos, así como con las bases de la sociedad en una perspectiva democrática, nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia política y ha tenido un costo muy alto en términos económicos y sociales. A las grandes luchas por alcanzar la independencia que se consumara en 1821, siguieron periodos de inestabilidad política y anomia social que solamente fueron superados por arreglos políticos más informales que formales, contingentes más que duraderos. Con ello, se logró construir regímenes que mal articularon los intereses económicos y resultaron en modernizar a tumbos y de manera segmentada al país.

A lo largo de doscientos años el crecimiento económico no ha sido sostenido. Fuera del Porfiriato, que arranca en 1880 y violentamente se cierra con el inicio de la revolución en 1910, y de la larga expansión económica que iniciara en 1934 y se clausurara traumáticamente con la explosión de la deuda externa en 1982, el país ha enfrentado largos periodos de estancamiento que han contribuido a agudizar sus problemas ancestrales (la pobreza y la desigualdad) y provocado retrocesos en el orden social y del Estado. Además, en ambos momentos el crecimiento económico y la modernización social y productiva tuvieron lugar en un ambiente político autoritario (en el primer momento dictatorial), sin que los liderazgos hayan podido forjar formas eficientes y duraderas de comunicación y deliberación con la sociedad.

Nunca estuvimos “listos para la democracia”, para parafrasear al presidente Díaz.

Desde su primer vínculo con la economía internacional (en los años veinte del siglo XIX) el México independiente ha cursado, al menos, por cuatro estrategias de inserción en la economía global: de la apertura inicial, ingenua y unilateral de la primera República federal (que trajo consigo una relación asimétrica con Inglaterra y la crisis de la protoindustria heredada de la colonia) a la apertura promovida por el régimen de Porfirio Díaz, que buscó diversificar las relaciones económicas con el exterior e implantar un cierto balance entre la presencia estadounidense y la europea, sobre todo en el régimen destinado a la promoción de la inversión foránea.

Desde otra perspectiva, hemos ido de la americanización concebida como complemento eficiente de la industrialización dirigida por el Estado, que encontró su clímax en el desarrollo estabilizador de fines de los años cincuenta y la década del sesenta, hasta la americanización como objetivo, impulsada a partir del cambio estructural globalizador de los años ochenta y noventa del siglo XX y que cristalizó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reconformación de la economía política mexicana como una economía abierta y de mercado.

A lo largo de estos dos siglos se pasó de la búsqueda de un proyecto propio, nunca autárquico, a los intentos por vincular unidireccionalmente al país a proyectos globales. En cualquier caso, puede decirse hoy que los resultados han sido insuficientes para cerrar la brecha que históricamente separa al país de los más desarrollados. Enmarcada en este “gran arco”, la más reciente experiencia mexicana con la modernización del país mediante una hiperglobalización es un caso extremo de “monocropping institutionalism” (institucionalismo de monocultivo), como lo llamara el sociólogo estadunidense Peter Evans.

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