Opinión

El desarrollo extraviado y los momentos mexicanos (II). De la apertura al “libertinaje” mercantil

 
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Barril de petróleo

El cambio estructural realizado a fines del siglo XX no ha dado lugar a resultados satisfactorios en el desempeño económico ni en cuanto a la equidad y el bienestar social. Fue un cambio institucional profundo pero que no coadyuvó a la diversificación de la estructura productiva y económica ni estuvo a la altura del cambio demográfico que arrancó a finales de la década del setenta del siglo pasado.

Este cambio no trajo consigo un mayor y sostenido crecimiento económico ni la generación de los empleos formales y los excedentes económico-financieros necesarios para sostener la realización de objetivos de equidad, seguridad, protección social y avance comunitario.

Tampoco abrió la puerta a modificaciones sustanciales en la distribución del ingreso y la riqueza.

Realizada en la inmediata secuela de la crisis de la deuda externa y del draconiano ajuste con el que quiso enfrentársela, la saga modernizadora devino un ejercicio maximalista inspirado por la supuesta magia del mercado y las virtudes teologales de la competencia. Serían la apertura y la integración al mercado norteamericano, se dijo sin tregua, las que pondrían en juego una intensa interacción entre las fuerzas productivas y el mercado con resultados positivos y transformadores en la pauta de crecimiento y desarrollo cuya crisis final habían precipitado el derrumbe de la deuda externa, el ajuste y la contracción fiscal y en general del Estado respecto de sus compromisos históricos con la promoción social y la rectoría económica.

De la mano con las reformas de mercado y el canon consagrado por el llamado Consenso de Washington México intentó también, aunque con bastante rezago, culminar una larga ruta de reforma política iniciada en la segunda mitad de la década de los años setenta. Con la apertura del sistema político al pluralismo partidista y la puesta en acto de novedosas instituciones electorales destinadas a producir confianza en la ciudadanía y en las élites políticas e intelectuales, se buscaba dar satisfacción a una creciente demanda democrática. Al generalizarse, dicho reclamo exigía el pronto arribo a la democracia representativa que el régimen de “partido prácticamente único” había postergado apelando a la gobernanza, la seguridad nacional o a la legitimidad histórica heredada de la Revolución. A esas alturas, más que de herencias revolucionarias el régimen gozaba de los periodos de gracia que le habían otorgado el desempeño económico anterior y sus capacidades de redistribución social administrada desde las cúpulas del poder, para combinar objetivos y criterios de estabilidad financiera con crecimiento sostenido y paz social.

Los desórdenes productivos y en los niveles de vida, junto con los ajustes fiscales y monetarios asumidos como mandato inapelable para superar la tormenta de la deuda externa, ahondaron la escisión entre los grupos dirigentes de la política y los grupos dominantes en la economía pero sobre todo la que habría de configurar la nueva cuestión social del México finisecular resumida en el empobrecimiento masivo y una agudizada desigualdad distributiva en los ingresos, los accesos a los bienes públicos y las oportunidades.

Recordemos que entre 1981-1982, el último intento por rehabilitar esas combinatorias legitimadoras con cargo al auge petrolero, colapsó con la caída de los “petroprecios” y el drástico cambio realizado por Estados Unidos de América en su política monetaria para combatir la inflación.

Así, la economía entró en un tobogán de deterioro y la solidaridad entre los sectores y grupos económicos y financieros, recuperada por el auge petrolero y la “Alianza para la producción” convocada por el gobierno del presidente López Portillo hizo mutis. Entonces sobrevino una especulación financiera desmedida, una fuga de capitales así como reclamos del más diverso tipo y talante al Estado, cuyo gobierno había prometido un cambio estructural no sólo tranquilo sino sostenido por la abundancia relativa de divisas y la puesta en acto tanto de estrategias ambiciosas de industrialización, como también de amplios y vastos programas de apoyo y reivindicación de los grupos sociales marginados y las zonas deprimidas. Asimismo se propuso una renovada estrategia para el desarrollo rural y agrícola, que habría de tener como eje rector la seguridad alimentaria nacional.

La “regla de oro” que hacía de la Presidencia de la República el árbitro de última instancia en la política y en la economía, empezó a ser duramente cuestionada y al reclamo democrático que había emergido en el 68 se sumó el repudio de los grupos empresariales que no sólo rechazaban la nacionalización bancaria sino que exigían un cambio drástico en el “modelo” económico. Fue al calor de esta coyuntura que los grupos dirigentes del Estado decidieron proceder a un cambio estructural radical.

Se trató de un “momento” en el que a la par de las victorias de Reagan y Thatcher, la caída de la URSS y del comunismo soviético como alternativa histórica al capitalismo, se abrió paso una auténtica euforia globalizadora que puso en el primer lugar de la orden del día planetario la creación de un mercado mundial unificado como componente imprescindible de un nuevo orden que, se dijo e insistió, se coronaría con la universalización de la democracia representativa como orden también global.

En esa ola de cambio histórico, retórico e ideológico, el Estado mexicano decidió inscribirse y hacerlo pronto, antes de que nuevas recomposiciones le otorgaran a la geoeconomía, surgida del desplome soviético, un lugar prioritario en la agenda global del movimiento de capitales y decisiones estratégicas que se gestaba al calor de este indudable cambio del mundo.

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