Opinión

El derecho de ocupación

10 febrero 2014 4:36 Última actualización 07 octubre 2013 5:2

 
Virgilio Bravo
 
Las guerras no terminan. El siglo XIX fue un tiempo de turbulencia, de revoluciones, independencias e invasiones. El siglo XX fue el tiempo de las dos grandes guerras y la bomba atómica. El siglo XXI seguirá siendo un tiempo de destrucción. ¿La humanidad está destinada a la autodestrucción?
 
 
En estos tiempos, los países ocupan a otros países con el consenso y aprobación de las Naciones Unidas. El derecho de los pueblos a construir libremente su destino está condicionado por la voluntad de los estados más poderosos. Países como Palestina, Panamá, Grenada, Líbano, Irak, Kuwait, Afganistán y, posiblemente Siria, han corrido con la misma suerte. En estos casos, ¿qué sucede con el derecho?, ¿qué pasa con las leyes de ese país?, ¿cómo se gobierna?, ¿cómo imperan las leyes y cuáles leyes predominan? ¿o es que se aplica un nuevo derecho, diferente a las tradiciones del país ocupado?
 
 
El derecho de ocupación requiere que el ocupante atienda a las personas en las zonas bajo su control. La ocupación es una medida temporal para restablecer el orden y la vida civil tras el fin de las hostilidades. El ocupante puede aplicar la legislación vigente o modificarla si es necesario para promover los objetivos de la administración temporal. La ocupación no es necesariamente el resultado de la lucha real. También podría ser el producto de un acuerdo de paz.
 
 
El control efectivo en un territorio soberano, sólo tiene sentido como una gestión temporal hasta que una solución pacífica se alcance. Durante ese período de tiempo limitado, el ocupante administra el territorio en nombre de la “soberanía”. El ocupante tiene la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para restablecer y asegurar la paz. El ocupante debe respetar la legislación vigente salvo algún impedimento absoluto. El ocupante puede recaudar impuestos en beneficio de la población y utilizar tales ingresos para sufragar los gastos de la administración temporal.
 
 
Los tribunales de justicia, invocando su facultad para establecer el orden público, pueden ampliar la jurisdicción de los tribunales militares para perseguir violaciones del código penal. Con respecto al personal de la administración local, la estrategia básica de los ocupantes es sustituir a los funcionarios de más alto rango ejecutivo, mientras que los jueces locales se les permite continuar con sus funciones, aplicando la ley local. En las guerras se insiste siempre en la rendición incondicional como requisito indispensable para el cese de las hostilidades. La argumentación jurídica con respecto a la rendición incondicional se basa en la noción de debellatio, es decir, el sometimiento total a una nación extranjera. Se refiere a una situación en la que nación ocupada está totalmente derrotada y sus instituciones nacionales se han desintegrado total y definitivamente. Por lo que los asuntos de ese país no se rigen por el derecho internacional, sino por la voluntad de los nuevos ocupantes.