Opinión

¿El derecho a la educación no era ya un derecho constitucional?

 Macarena Velázquez*
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Los maestros imparten clases en las calles desde diciembre de 2013, luego de que el huracán Manuel dañara la escuela. (Reuters)

En relación con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 323/2014 y después de leer encabezados como: “Fallo histórico”; “Se reconoce interés legítimo de organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho a la educación”; “Gran avance en materia de defensa de derechos humanos”; “Avala Corte castigo para desvíos de SNTE”, etcétera, varias personas nos hicieron la pregunta: “¿Pues no estaba ya ese derecho en la Constitución?” Aquí mi respuesta:

Este caso inició cuando Aprender Primero (brazo jurídico de Mexicanos Primero) presentó una demanda de amparo contra varias autoridades, entre ellas la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en la que se reclama una grave omisión: no ejercer todas sus facultades en materia de fiscalización de la cuenta pública de recursos educativos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). En sus informes de resultados del FAEB 2009 y 2010, la ASF determinó que existían irregularidades como el pago indebido a comisionados sindicales y otras erogaciones entregadas de manera ilegal a las secciones sindicales por un monto de 6,769,287 pesos. Una vez determinadas estas irregularidades, la ASF no inició todos los procedimientos administrativos y/o penales en contra de los responsables de dar y recibir de manera ilegal dichos recursos públicos. ¿Así de descaradamente aceptamos la corrupción?

Esta indignación nos motivó a interponer un amparo en contra de la omisión de la ASF y demás autoridades. El juez de distrito que primero conoció el asunto declaró improcedente el juicio de amparo, pues determinó que Aprender Primero carecía de interés legítimo. De manera incorrecta -como han establecido diversos tribunales en México en casos similares- se determinó que una organización de la sociedad civil (OSC) al no ser directamente afectada por ésta omisión, entonces no puede interponer un amparo.

Inconformes con esta resolución, interpusimos un recurso de revisión ante la SCJN, que fue acompañado por un documento en el que cientos de OSC se solidarizaron con ésta demanda (lo que se conoce como amicus curaie). Finalmente la primera sala de la SCJN resolvió que Aprender Primero sí tiene interés legítimo para acudir al juicio de amparo, ya que su objeto social es precisamente la defensa del derecho a la educación y tanto la Constitución como diversos tratados internacionales reconocen la posibilidad de realizar este tipo de intervención.

También concedió el amparo, revisando la evidencia que presentamos, y ordenó a la ASF a que lleve a cabo todas las acciones necesarias para cumplir con las facultades que tiene en materia de fiscalización de recursos en materia de educación, incluyendo iniciar y concluir los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos federales y locales que hayan participado en el desvío de los recursos públicos o en su caso expresar, fundando y motivando, en los casos en los que no inicie el procedimiento correspondiente.

El derecho a la educación de calidad ya era un derecho constitucional, pero con esta resolución se le dotó de mayores elementos para ser exigible y justiciable. Es una resolución histórica ya que abre las puertas a que otras OSC puedan defender los derechos humanos por vía del amparo. Es una sentencia que envía una señal clara al Poder Ejecutivo y a la ASF de que la corrupción debe perseguirse y sancionarse, usando las facultades previstas en ley para ello.

Con esta resolución avanza la defensa de los derechos humanos y el uso más eficaz y transparente de los recursos públicos, pero sobre todo ganaron los verdaderos maestros y las niñas, niños y jóvenes de México.

* La autora es investigadora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero.

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