Opinión

El crimen y los candidatos: Nuevo León

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Ivonne Álvarez García. (Cuartoscuro)

El próximo 7 de junio nueve estados elegirán gobernador. De los nueve, la contienda en Nuevo León es una de las que ha recibido mayor cobertura en los medios nacionales. Además de la importancia económica del estado, la elección en Nuevo León será un parteaguas. Las encuestas sugieren que la contienda será cerrada entre Ivonne Álvarez, la abanderada del PRI, y Jaime Rodríguez, El Bronco, el primer candidato independiente con posibilidades de ganar una gubernatura en la historia del país.

En Nuevo León sigue fresco el recuerdo de los primeros años de gestión del actual gobernador, cuando la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas estaba en su apogeo, y las balaceras a plena luz del día y los narcobloqueos eran casi cotidianos. Tanto Ivonne Álvarez como Jaime Rodríguez fueron alcaldes por esos años –de 2009 a 2012– en municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey. A ambos les tocó en carne propia hacer frente a la crisis de inseguridad.

Álvarez ocupó la alcaldía de Guadalupe, el segundo municipio más poblado de Nuevo León. Dio de baja prácticamente a la totalidad de los policías municipales, y los sustituyó con elementos con experiencia militar. En términos generales, logró darle la vuelta a lo peor de la crisis.
En el año que dejó el gobierno municipal la tasa de homicidios se redujo más de 50 por ciento. De acuerdo al “Semáforo Delictivo”, en marzo de 2012, mes en que dejó la alcaldía para buscar un escaño en el Senado, seis de los ocho delitos de alto impacto en Guadalupe estaban en verde (en enero de 2010, cuando inició el monitoreo del semáforo, sólo había un delito en verde y los otros siete estaban en rojo). Una propuesta interesante de la candidata del PRI es la creación de una Unidad Especializada Antiextorsión. La extorsión presencial o el “cobro de cuota” es un delito que en los últimos años ha golpeado con fuerza, particularmente a empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos estatales no han desarrollado estrategias enfocadas en este delito (que implicarían llevar a cabo un trabajo de inteligencia importante, pues por regla general no se denuncia).

Jaime Rodríguez fue alcalde de García, un municipio más pequeño pero de rápido crecimiento; en aquel entonces militaba en el PRI. Rodríguez es una figura polémica y le gusta jactarse de su carácter “entrón”, y de su determinación para combatir en serio a los delincuentes. Durante su paso por la alcaldía intentaron asesinarlo en dos ocasiones. Además de depurar la policía municipal creó un “comando de elite” integrado por 64 exmilitares, responsable de su seguridad personal y de generar inteligencia para apoyar los operativos de las Fuerzas Armadas. El “Semáforo Delictivo” marca que, cuando dejó la alcaldía en octubre de 2012, los ocho delitos de alto impacto estaban en verde. El Bronco ha propuesto fusionar la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría estatal en una Fiscalía General. Con esto buscaría evitar la confrontación entre distintos mandos, así como fortalecer las capacidades de investigación de la Policía.

En resumen, los dos candidatos punteros tienen credenciales en el tema de seguridad. No hay motivos para pensar que ninguno de los dos sea, a priori, incapaz de consolidar el proceso de reconstrucción de la paz en el que Nuevo León ha avanzado desde 2011. En los últimos días algunos comentaristas han sugerido que es un experimento riesgoso que un independiente llegue a ocupar una gubernatura, sobre todo de un estado con la dimensión y el peso económico de Nuevo León. Entre otros argumentos señalan que, de ganar, El Bronco no tendría el apoyo de ninguna bancada y que le resultaría muy difícil impulsar una agenda legislativa. Voces de alarma muy similares advirtieron sobre el riesgo de “ingobernabilidad” cuando en 1997 el PRI perdió por primera vez la mayoría en el Congreso de la Unión. Estos argumentos implican en buena medida desestimar la lógica de pesos y contrapesos que supone la división de poderes.

En cualquier caso, en materia de seguridad, Nuevo León ya cuenta con instituciones relativamente funcionales y con niveles aceptables de respaldo ciudadano. De acuerdo a la ENVIPE 2014, 60 por ciento de la población del estado tiene “mucha” o “alguna” confianza en la Policía Estatal (Fuerza Civil), considerablemente más que el 44 por ciento que se registra a nivel nacional. La prioridad en Nuevo León ya no es llevar a cabo una reconstrucción institucional de gran calado, como sería la creación de una Fiscalía General como la que propone el propio Bronco, sino evitar que nuevamente proliferen redes de protección policial a los criminales, particularmente en el ámbito municipal. Un gobernador sin compromisos partidistas –como Jaime Rodríguez se jacta de ser– podría tener incluso alguna ventaja en esta labor. La próxima semana abordaré la contienda en Michoacán. Un estado con un panorama de seguridad muy delicado, donde las encuestas apuntan a un “final cardiaco”, con tres candidatos con posibilidades de quedarse con la gubernatura.

Twitter: @laloguerrero

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