Opinión

El crimen y los candidatos: Guerrero

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Ángel Aguirre Rivero

En Guerrero las fronteras entre el PRI y el PRD son borrosas. Independientemente del membrete del partido, existen grupos preponderantes en las distintas regiones del estado, a los que pertenecen figuras como el exgobernador Rubén Figueroa, así como Ángel Aguirre, el gobernador en funciones en septiembre pasado, cuando tuvo lugar la trágica desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Por muchos años las dirigencias nacionales del PRI y del PRD han solapado los excesos de estos grupos, que son los que controlan la maquinaria que gana elecciones.

Sólo después de las grandes tragedias se han tomado algunas medidas para acotar el poder de los liderazgos locales de Guerrero. Una fue la masacre de Aguas Blancas ocurrida en 1995, en la que la policía estatal asesinó a 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. La masacre precipitó la salida del entonces gobernador Figueroa.
La desaparición de estudiantes el año pasado también sacudió a la clase política guerrerense. No sólo fue detenido el alcalde de Iguala, quien en su momento contó con el respaldo de Ángel Aguirre; el propio gobernador pidió licencia “para favorecer un clima político” que propiciara la búsqueda de los estudiantes. Cuando se rumoraba el posible regreso de Aguirre, la PGR arrestó a su hermano y a otros personajes cercanos, acusados de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y de un millonario desvío de fondos del erario.

La sombra de la tragedia de Iguala, y de la ineficacia y abusos de las últimos gobiernos, han marcado la contienda electoral. De dientes para afuera, todos los candidatos se deslindan del exgobernador Ángel Aguirre y niegan cualquier relación con el exalcalde de Iguala y su esposa. Sin embargo, los dos contendientes con posibilidades de ganar –del PRD y del PRI– representan, en algún sentido, la continuidad de las cúpulas tradicionales de Guerrero.

El PRD sufrió un duro golpe meses antes de que iniciaran las elecciones. El senador Armando Ríos Piter –una figura ascendente dentro de la izquierda que hubiera sido el candidato natural a la gubernatura– optó por bajarse del carro. Cosa rara en un político, Ríos Piter no alegó motivaciones personales para dejar la contienda, sino que reveló públicamente que la dirigencia del PRD le había pedido ponerse de acuerdo con el grupo de Ángel Aguirre para alcanzar la candidatura, cosa que le resultó inaceptable; “el exgobernador es parte del problema y no parte de la solución” sentenció Ríos Peter.

Inevitablemente, la actual candidata del PRD, Beatriz Mojica, ha sido identificada con el grupo del exgobernador, pues fungió como su secretaria de Desarrollo Social (aunque también se le identifica como una persona afín a la corriente Nueva Izquierda o Los Chuchos).

Por el lado del PRI, el candidato es Héctor Astudillo, quien tuvo como su principal mentor al exgobernador José Francisco Ruiz Massieu (quien a su vez nombró como secretario de Desarrollo Económico a Ángel Aguirre). En marzo pasado el diputado perredista Jorge Salgado Parra manifestó su apoyo a la campaña de Astudillo y “puso a su disposición” su estructura electoral en Chilpancingo. Algunos comentaristas guerrerenses han identificado esta adhesión como una confirmación de que el exgobernador Aguirre tendrá injerencia en el gobierno de Astudillo, en caso de que éste llegue a la gubernatura.

Guerrero es el estado más violento del país y donde las autoridades electorales prevén las mayores dificultades para el desarrollo de los comicios del domingo próximo. A inicios de este mes un grupo que se identificaba como policía comunitaria “tomó” por varios días la cabecera municipal de Chilapa, donde secuestró a varios jóvenes. Al parecer, esta incursión en Chilapa se inserta en el conflicto entre los grupos criminales conocidos como Los Rojos y Los Ardillos, uno de los numerosos conflictos que se registran entre la docena de organizaciones criminales que operan en Guerrero desde que la organización de los Beltrán Leyva fue desarticulada.

Para recuperar la seguridad, quien gané la gubernatura deberá tomar decisiones difíciles.

En primer lugar, resultará indispensable hacer efectiva la operación del mando único en todo el estado. Aunque varios municipios firmaron convenios en 2014, en los hechos no cedieron el mando, como quedó de manifiesto en la tragedia de Iguala. En segundo lugar, también será necesario poner en práctica una regulación más estricta para la actuación de todas las policías comunitarias que operan en el estado (y que en algunos casos operan de forma ilegal). Finalmente, habrá que mostrar disposición para colaborar con las agencias federales de seguridad, cuya presencia seguirá siendo necesaria por varios años.

Todas estas acciones implican afectar los intereses de los liderazgos locales que por años han consentido la operación del crimen organizado. No parece claro que ninguno de los candidatos vaya a tener la voluntad o la independencia para hacerlo. Sin embargo, el riesgo de una nueva tragedia también es muy alto. Si el candidato ganador quiere gobernar por seis años, muy probablemente tendrá que reconsiderar sus lealtades.

Twitter: @laloguerrero

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