Opinión

El costo de la reforma educativa, en pesos y centavos


 
¿Cuánto costará la reforma constitucional en materia educativa?
 
 
La pregunta viene al caso porque los cambios estructurales que implica la aplicación de la nueva legislación en materia educativa debe traducirse en pesos y centavos, es decir, tener un soporte presupuestario sin el cual ninguna reforma tiene o tendría futuro.
 
 
Justo al inicio del primer periodo extraordinario de sesiones, el pasado 16 de agosto, cuando el Ejecutivo firmó y envió a la Cámara de Diputados las tres leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa –la creación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente–, la Secretaría de Hacienda calculó el impacto presupuestal de dichos ordenamientos.
 
 
Firmado por la maestra Julieta Y. Fernández Ugalde, directora general jurídica de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, el proyecto correspondiente al impacto presupuestal de la reforma fue entregado a los diputados con los proyectos de las tres leyes reglamentarias.
 
 
Así, por ejemplo, la SHCP estimó que la Ley General de Educación le costará al erario 121,031,815,899.44 millones de pesos que se erogarán en el plazo del 2014 al 2030.
 
 
La cifra se obtuvo de las proyecciones para resarcir la cuota “voluntaria’’ que paga en las escuelas –6,858,564,200.00 millones de pesos– y los recursos que se destinarán a la aplicación de las “escuelas de tiempo completo’’, 114,173,151,689.44 millones de pesos.
 
 
La SHCP consideró que la Ley de Servicio Profesional Docente le costará al erario 15,183,784,847.95 millones de pesos en tanto que el presupuesto para capacitación, promoción, el programa que sustituye a la Carrera Magisterial así como para el pago de asesores pedagógicos, retiros voluntarios y jubilaciones –calculado en 1% de la plantilla al año–, se erogarán 28,305,551,416.84 millones de pesos y 4,866,149,892.62 millones de pesos.
 
 
Ufff!
  
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El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, suspendió el acto faraónico que había preparado para la celebración de su Tercer Informe de Gobierno, pero no, como se dijo en un boletín para justificar el cambio de planes “derivado de los planes de austeridad’’, sino porque no quiso testigos incómodos de las protestas en su contra, que están anunciadas para el domingo y lunes próximos, en Chetumal.
  
 
A Borge le gana el hígado y sus colaboradores y gobernados cada vez rebelan con mayor frecuencia las debilidades del carácter del gobernador, que recientemente se enfrascó en un pleito de callejón con la periodista Lydia Cacho, que está condenado a perder, a pesar de que colaboradores le endulcen el oído con la versión contraria.
  
 
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César Camacho Quiroz, presidente del PRI, retomó la presidencia del Pacto por México, el cual, dijo, “no se detiene y seguirá siendo la incubadora de acuerdos entre los partidos políticos’’.
 
 
El mexiquense también dio luces sobre el camino que seguirá el proyecto de reforma fiscal: que no habrá impuestos para medicamentos y alimentos “de consumo básico’’.
 
 
Es decir, que se seleccionará una canasta de alimentos y medicinas, las y los que se consumen masivamente para aplicarles un gravamen, que quizá no sea del 16%, probablemente una tasa menor, pero que sí pagarán impuestos.
 
 
Porque no es lo mismo que no se pague IVA por un kilo de tortillas que por uno de salmón.
 
 
O que los productos milagro, algunos considerados medicamentos, dejen de pagar impuesto.
 
 
¿Se entendió?