Antonio Cuéllar Steffan
Durante más de una década hemos sido reos del discurso entablado, de que nuestro progreso está atado a la aprobación de las que se han denominado las 'Reformas Estructurales', entre las que ocupan un lugar destacado las referentes a la actualización de nuestro modelo democrático, la flexibilización de nuestro sistema jurídico laboral, la del reforzamiento del mecanismo antimonopólico, la del mejoramiento del sistema de recaudación y la de la modernización energética nacional. Primero el PRI, cuando le tocó el turno de gobernar al PAN, y ahora a este en unión del PRD en su calidad de opositores del primero; lo cierto es que el contenido de esas iniciativas que la sociedad entera ha identificado, parece constituirse siempre como un apetitoso botín a cambio del cual, cada uno, pone su precio. ¿Quién ha pagado el costo de que las reformas que detonan la competitividad del país no se aprueben?
Ilegítima ha sido sin distingo la posición de cada partido cuando se trata de aprobar reformas legislativas que, todos saben necesarias, pero todos condicionan. Siendo apremiante que transiten, ¿cuál es la causa válida que pudiera estar atrasando su desarrollo?
En esta ocasión, el PAN en voz de su Presidente, ha anunciado que participará en el proceso para la aprobación de la agenda del Pacto por México en materia hacendaria y energética, a cambio de lo cual, sin embargo, establece un precio: supedita su intervención a la aprobación preliminar de una reforma política de inigualables alcances.
Es precisamente el entendimiento de esa posición, que acompaña el PRD, lo que nos motiva a develar la moneda de cambio, a sugerir la valoración de los beneficios y perjuicios para nuestro sistema democrático, que habrá de traer aparejada la negociación para modernizar la recaudación y la transformación de la industria petrolera nacional.
Distintos senadores del PAN y del PRD presentaron un importante proyecto de iniciativas que impactan la Constitución y un número significativo de leyes, entre ellas el Código Penal Federal y el COFIPE, con el objeto de transformar radicalmente el sistema de gobierno en materia de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, derecho de réplica, reelección legislativa y remoción de mandato, entre muchas otras cosas más. La pretensión no es otra sino la de disminuir el poder presidencial. ¿Es justo y atinado que nuestros legisladores persigan caminar en el sendero de un parlamentarismo a modo, plagado de instituciones que disfrazadas de social-democracia pueden llevar al país hacia el rumbo de la ingobernabilidad?
Hay que decirlo sin cortapisas, la iniciativa puesta sobre la mesa no tiene calificativos absolutos, es muy bondadosa en muchos aspectos inherentes al perfeccionamiento de nuestro sistema democrático; no obstante lo cual, está también plagada de equívocos apetitosos para el oído de la ciudadanía que no harán otra cosa sino impedir la gobernabilidad democrática, al final del día, en perjuicio de todos, incluidos ellos mismos.
El proyecto es muy amplio y ambicioso, en forma absolutamente sintética ponderaríamos hoy el primero de los apartados que contiene:
Se pretende una modificación del sistema democrático, de acceso al poder y rendición de cuentas, para lo cual deberán hacerse las adecuaciones legales pertinentes que permitan: incluir el concepto de 'deliberación democrática' en el apartado concerniente al concepto de educación que imparte el Estado; creación de la Fiscalía General de la Federación, y la Fiscalía Electoral, en sustitución de la PGR (desde luego, dotada de autonomía y sujeta a la intervención del Senado); inclusión de la ciudadanía en la Planeación Nacional, en donde el Plan Nacional de Desarrollo tendrá carácter vinculante para efectos presupuestales; elevación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al rango de órgano constitucional autónomo; obligación a cargo de los 3 órdenes de gobierno, de crear mecanismos de mayor participación ciudadana; establecimiento del contenido de la Ley de Partidos Políticos (entre otras cosas, lo bueno, fiscalización de sus recursos); regulación de las candidaturas independientes; fortalecimiento del Consejo General del IFE en materia de fiscalización; establecimiento de la obligación de los partidos de declarar, antes de los procesos electorales, la existencia de cualquier vinculación a grupos económicos preponderantes; incorporación de la reelección legislativa; establecimiento de la facultad del Congreso General para desaparecer órganos electorales locales; creación de la Estrategia Nacional de Seguridad; creación de la figura de Jefe de Gabinete y de la moción de censura, para que el Congreso remueva a los secretarios de despacho; establecimiento de la obligación presidencial o del Jefe de Gabinete, para explicar al Congreso el motivo de las iniciativas que se presenten; establecimiento de nuevas reglas sobre fuero de los servidores; creación de las juntas comunitarias municipales para dar participación oficial a la ciudadanía en la solución de los problemas que enfrentan los municipios; expedición de la Ley de Propaganda Gubernamental; y, establecimiento de la facultad general del Congreso para asumir las funciones de los gobiernos locales o declarar su desaparición ante causas evidentes de alteración del orden social, debilidad institucional, amenazas o riegos contra la seguridad, o incapacidad para mantener el orden y la paz pública.
A lo largo del primer período de sesiones de la presente legislatura, ya se presentó la discusión inherente a la conveniencia de que el Procurador General de la República goce de autonomía. Siendo entendible la posición que busca dotar de facultades al propio Procurador para actuar, si llegara a darse el caso, en contra del Titular del Ejecutivo, ¿qué justificación encuentran los senadores iniciantes para proponer la remoción de los miembros integrantes del gabinete, auxiliar de las funciones del otro Poder constituido?
Opinión