Opinión

El constitucionalismo de los imbéciles

    
1
    

      

Conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917

Las controversias se sintieron como bofetadas. Después de la celebración del consenso, de las fotos oficiales y las ediciones conmemorativas, la resaca de la discordia. La naciente Constitución de la Ciudad de México maldecida por la herejía del litigio. El pleito judicial sobre la Constitución local se recibe como puñetazo en la boca del estómago: una conspiración conservadora que pretende socavar las conquistas de la progresía bienpensante, el retrato de la política de la simulación, la traición a la palabra empeñada en los votos parlamentarios de los partidos, la prueba plástica de la impericia técnica de la representación.

Las apelaciones ante la Corte, más que sintomáticas de un resultado repudiable, revelan la ausencia de un sentido compartido, básico, de la naturaleza y funcionamiento del Estado constitucional. Las reacciones ante las impugnaciones visibilizan el precario entendimiento sobre la función de la Constitución –de las constituciones– en el contexto del federalismo, sobre la dinámica normativa en un sistema jurídico y la condición esencialmente política de las cuestiones constitucionales. Las vestiduras rasgadas por las acciones de inconstitucionalidad muestran, lamentablemente, que las tres décadas de pluralismo político y las dos décadas de constitucionalismo normativo, desde la conversión de la Suprema Corte en Tribunal Constitucional hasta el control difuso de constitucionalidad que motiva el principio propersona, no han forjado una cultura constitucional razonablemente espesa. A pesar de nuestro latente pluralismo social y de la evolución doctrinal sobre la eficacia directa de cada regla constitucional, sigue vigente la imagen de la Constitución como una declaración de intenciones sexenales, una suerte de síntesis de verdades reveladas, la forma legal del ideario programático del régimen dominante. El pluralismo político ha convertido a la Constitución y a su interpretación en el cuadrilátero del conflicto durante los últimos 30 años, pero sigue causando escozor que los frágiles equilibrios del arreglo político se sometan a debate en la sede del juicio constitucional. Durante la transición y las dos alternancias, la lucha política por hacer prevalecer ciertos contenidos normativos se ha recreado en la redacción del texto y en la comprensión de lo constitucional, pero extrañamente se regatea la legitimidad y, peor aún, la pertinencia de someter los conflictos prevalecientes al veredicto del juez.

Si la Constitución es norma puesta por actos de voluntad y de textura abierta en la que se define lo que se puede y no se puede decidir en política, ¿por qué extraña que la Federación cuestione las competencias que se arroga una entidad federativa? ¿Bajó qué lógica puede ofender que el Congreso federal dispute sus facultades frente a la decisión constitutiva de un orden local? ¿Desde qué concepción de las instituciones se asume que la función de defensa de la regularidad constitucional en manos del Ministerio Público federal debe disciplinarse a los votos del partido en el gobierno? ¿Fracasa la política representativa cuando el saldo de los debates parlamentarios se traslada al escritorio del juez o es, en realidad, la manifestación natural y lógica de su falibilidad? ¿No suena a elitismo antidemocrático esa pedante sugerencia de que un puñado de notables hubiera redactado una norma invulnerable y ejemplar? ¿No peca de sospechoso, de ingenuo o de tonto aquél que simplemente no tenga nada más que pelear en la interpretación constitucional? ¿No es propio de las democracias constitucionales que la competencia política se dirima entre la intención de petrificar contenidos en la rigidez del texto fundamental y el propósito de derivar ciertas decisiones a los procesos que se definen por la regla de la mayoría? ¿En qué contexto jurídico una norma no se contrasta habitual y recurrentemente con su parámetro de validez? ¿No es de imbéciles entender a la política como el espejo de la perfección? ¿Acaso la política y sus resultados no son la mundana dimensión de lo probable?

Decía Rubio Llorente que la Constitución es la forma jurídica del poder. Su función es crear, limitar y conducir la potestad de decidir. Es la vara que disciplina las relaciones sociales en una comunidad política. Es techo y piso de nuestra compleja y contradictoria convivencia. La cancha donde la política compite y las generaciones se desenvuelven. La última e inconquistable trinchera del conflicto.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

También te puede interesar:
Seguridad interior sin anteojeras
Las funciones de la seguridad