Opinión

El colosal endeudamiento estatal y la alternancia

 
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ME. ¿Y qué viene para el peso?

¿Cómo fue posible que un buen número de gobiernos estatales haya llegado a niveles de endeudamiento público verdaderamente escandaloso? Peor aún: ¿cómo fue posible que esta infortunada realidad haya pasado inadvertida varios años? ¿Cuándo empezó esto y por qué?

Con sólo revisar las cifras disponibles sobre dichas deudas estatales, aparece más que claro cuándo es que inicia su desmesurado crecimiento. Nace con el nuevo siglo. Aunque tal aumento se registra de manera paulatina, pues ciertamente no empezó así nada más de golpe y de manera generalizada, el punto de arranque ocurrió hace alrededor de tres lustros. ¿Por qué? ¿Qué explicación puede tener que así haya sido?

Sin duda, la alternancia. Es decir, la llegada a Los Pinos de un presidente de la República no surgido del priísmo, como había venido sucediendo a lo largo de siete décadas. De hecho la combinación de las dos figuras que según teorizó Daniel Cosío Villegas en la década de los setenta, conformó el llamado sistema político mexicano: la existencia de un partido oficial, por un lado, y de un presidencialismo autoritario y exacerbado, por el otro. Cuando ambas figuras ya no fueron más, el sistema tal como se conocía lógicamente dejó de funcionar. Y con él, muchas cosas se salieron de control.

Entre otras, la observancia de ciertas reglas que los gobernadores de los estados debían cumplir, so pena de ser defenestrados, o sancionados de alguna otra manera por el sistema, cuando se indisciplinaban o incurrían en excesos.

Uno de esos aspectos que se exigían era un manejo más o menos cuidadoso de las finanzas estatales, sin incurrir en excesos, o al menos no en grado de escándalo. Lo cual desde luego no significa que la corrupción –el aceite que hacía funcionar el sistema- estuviera prohibida. No, desde luego que no, pero había modos y medidas en que la corrupción se podía practicar, y que los gobernadores con fino olfato priista sabían con razonable certeza cuáles era esos modos y medidas.

Cuando dejó de haber un presidente de la República priísta que controlara y sometiera a los gobernadores, éstos vieron cuán ancha es Castilla y con desenfreno se entregaron a los peores excesos. Uno de éstos, la contratación de excesiva deuda pública, cuyas principales partidas nadie sabe a ciencia cierta a dónde fueron a parar. Aunque se adivina.

En teoría, conforme a la disposición constitucional, deuda pública sólo se puede contratar si su importe se destina a “obra pública productiva”. Ni remotamente fue el único destino de las enormes sumas de pasivos contratas por los estados en los últimos años.

Un caso, tal vez el peor, fue el de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, 2005-2010. En escasos cinco años adquirió endeudamiento por casi 35 mil millones de pesos. Alguien en el estado analizó el tema y con base en los informes anuales de gobierno y de las cuentas públicas concluyó que cuando mucho 17 mil millones fueron a “obra pública productiva”, y que de los restantes 18 mil millones se desconoce su paradero. Aunque se adivina.

En ausencia de un presidencialismo autoritario y centralista, inadmisible luego de la alternancia, ¿qué fue lo que falló e hizo que se presentaran casos como éste? Muy sencillo: conforme al diseño constitucional, lo que faltó fue que el Poder Legislativo de los estados, asumiera su verdadero papel.

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