Opinión

El Chapo ®

 
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ME. Chapo, sólo una marca del cártel que opera como multinacional.

La noticia del rechazo que las solicitudes presentadas ante la oficina de Estados Unidos para registrar la marca EL CHAPO, sin duda representa una excelente oportunidad para revisar el tema, a la luz de los parámetros legislativos para juzgar el orden público y lo que legalmente se califica como contrario a la moral. De manera regular, cada vez que una expresión o tema cobra relevancia pública, los cazadores de oportunidades comerciales pretenden apropiarlo a través de su registro como marca, en un intento por beneficiarse de la notoriedad que el término apareja. En el caso particular de EL CHAPO, con la enorme carga publicitaria que ha acompañado al polifacético delincuente, y los últimos toques añadidos por la prensa al avivar el debate sobre “su lado humano”, su alias adquiere proporciones muy atractivas en la opción de convertirle en propiedad privada.

Si el planteamiento del tema se redujera a la sola controversia sobre la procedencia o no del registro, el asunto tendría exclusivos tintes legales a fin de contrastar si otorgarlo es una suerte de apología del delito, al estimular la utilización comercial del término en toda clase de productos y servicios. Al amparo de la marca registrada, el triunfalismo de la imagen proyectada por EL CHAPO en sus esfuerzos promocionales sería fomentada con la venta de vestuario, cinturones, botas, sombreros, o cualquier otro tipo de productos evocativos de las “hazañas” del personaje.

Pero el asunto adiciona ahora ingredientes del mayor interés, cuando el análisis lo trasladamos a México y descubrimos con sorpresa que existe una marca registrada para distinguir “juguetes, juegos y artículos de deporte”, otorgada en el año 2011 a nombre de Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, que resulta ser la hija de Joaquín Guzmán Loera. Además, existe evidencia de otra solicitud que fue negada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para la denominación EL CHAPO GUZMÁN, a la misma Alejandrina Gisselle, bajo el argumento de ser una marca contraria a la moral y al orden público.

Es decir, el IMPI adopta la postura de que la denominación EL CHAPO es registrable, mientras que EL CHAPO GUZMAN no lo es. Ello obedece, según las propias constancias de los expedientes oficiales, al hecho de que la primera no es relacionable en forma indubitable al capo del narcotráfico, mientras que la segunda sí lo es. Lo anterior, por virtud del significado que la palabra “chapo” tiene como apelativo de “persona de baja estatura”. La realidad, la postura del IMPI parece francamente inconsistente, habida cuenta del significado inmediato que “EL CHAPO” refiere hacia el alias del personaje. La siguiente pregunta que se debe formular es si las marcas EL CHAPO concedidas a otras personas son legales, o si el derecho debe corresponder precisa y exclusivamente a los familiares directos de Guzmán Loera. En el carnaval de las formas sutiles de usufructo de la fama siniestra que EL CHAPO ha cobrado ¿la conversión de su alias en marca registrada es una forma de redención inaceptable? ¿al convertirse en una marca atractiva, no es la propia moral pública la que recompensa la iniciativa empresarial con su compra? ¿no hay algo francamente descompuesto en esta ambigüedad social que premia y castiga la malganada fama de un delincuente?

Llama la atención que los datos del registro propiedad de Alejandrina no aparezca en los motores de búsqueda del IMPI en forma directa, ni por denominación ni por nombre, lo que sugiere un trato diverso de lo convencional. Un asunto inexplicable de ocultamiento que parece auto acusatorio, en la medida en que parece un reconocimiento de que el registro no debió ser otorgado.

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