Opinión

El Censo de Maestros y la conciliación de plazas

Fernando Ruiz*

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo en octubre y noviembre de 2013, proporcionó a la sociedad mexicana una excelente fotografía del sistema educativo y un instrumento para la rendición de cuentas.

Con los resultados del Censo se confirmó una de las principales sospechas que durante muchos años han denunciado organizaciones de la sociedad civil y actores educativos: un desastre administrativo. Desde 1992, con la descentralización educativa se instauró un modelo de gestión basada en acuerdos políticos entre los gobernadores y las dirigencias sindicales de maestros. Hoy tenemos ante nosotros los resultados de dicho esquema: 298 mil personas contratadas como maestros y que no se encuentran en las aulas cumpliendo la función para la que fueron contratadas.

Hoy la reforma de la normativa educativa abre la oportunidad de reconfigurar los sistemas educativos estatales orientándolos hacia el aprendizaje de los niños. Un eje fundamental es proporcionarles a los niños y jóvenes maestros idóneos para el despliegue de sus potencialidades, una apuesta es la construcción de un Sistema Nacional de Profesionalización Docente que aliente el ingreso de los mejores maestros, subsane de manera efectiva las carencias de aquellos que actualmente se encuentran en servicio y promueva y dé certidumbre a aquellos que realmente están comprometidos con la niñez.

Un aspecto clave para avanzar en la solución de dicha problemática se encuentra en el proceso de conciliación de plazas que las entidades federativas deben realizar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunciado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero pasado. Dicho proceso incluye la determinación del Presupuesto Regularizable de Servicios Personales del FAEB, del ejercicio fiscal de 2014, la conciliación de las plazas y la determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones.

El proceso está en marcha en estos momentos y muchas decisiones importantes se están tomando sin el escrutinio público. No hay información sobre cuáles entidades ya conciliaron sus plazas, y cuál es el resultados de dicho proceso. La conciliación de las plantillas laborales puede favorecer dos desviaciones importantes: a) la regularización de miles de plazas, creadas sin autorización federal; y b) la legalización de prestaciones laborales absurdas y sin ninguna justificación educativa. Esta ausencia de transparencia es preocupante, ya que las reglas establecidas dejan dudas, por ejemplo:

1. Hay situaciones en donde el estado, de forma irregular, contrató personal para atender compromisos con las cúpulas sindicales; pero también se dan situaciones creadas por la federación al no cubrir los aumentos en nómina de las negociaciones salariales federales con el SNTE. La ambigüedad en la disposición actual puede dar pie a injusticias contra las entidades federativas, o por el contrario ser permisivos con ellas y cristalizar sin más sus irregularidades.

2. La revisión de los conceptos y montos de remuneraciones se llevará a cabo sobre la información cargada en el Sistema de Conciliación de Analíticos de Plazas (SICAP), dejando la detección de irregularidades hasta cuando éste sistema sea cruzado con la nómina. Es deseable hacer ya desde ahora la detección de los casos actuales, y dejar la detección automática para las contrataciones futuras.

3. Se dan por válidas las negociaciones de los estados con las secciones sindicales. La incorporación de nuevos conceptos y montos de remuneraciones se llevará a cabo si: a) se exhibe el acto jurídico que formalizó la obligación de pago, b) que el concepto haya sido cubierto regularmente al personal. De quedarse así la norma, supone el riesgo de que sólo con la presentación de minutas firmadas con las secciones dichas prestaciones sean autorizadas, sin cuestionar su validez en términos del uso del recurso educativo..

Estamos ante la oportunidad de sentar las bases de un sistema educativo cuyo centro sean las escuelas, los maestros y los niños. Sería una mala señal que la implementación de la reforma educativa inicie con la validación de las irregularidades y corruptelas cometidas en el pasado, y que se permita continuar con administraciones plagadas de personal burocrático, que más que contribuir a hacer efectivo el derecho a aprender, sean un obstáculo o impedimento para avanzar rápidamente en su realización.

*Investigador en Mexicanos Primero

www.mexicanosprimero.org

Twitter: @Mexicanos1o