Opinión

El botín

Aunque hay muchos funcionarios públicos honestos y con vocación de servicio, cada vez hay más oportunistas que ven la labor política y de gobierno como una vía para el enriquecimiento personal, el tráfico de influencias y el abuso del poder. Se trata de un fenómeno creciente e imparable: cada vez que alguien comete un acto de corrupción o abusa del poder y se sale con la suya –ya sea porque nadie se dio cuenta, porque sabiéndose nadie hizo nada o porque se denunció pero no hubo castigo– el comportamiento invita a su repetición, pero ahora en más personas. Se incrementa de forma exponencial.

Si un grupo de diputados puede darse un aguinaldo de 90 días –como ocurrió en San Luis Potosí y Zacatecas según reportó el diario Reforma– y no hay una denuncia, queja o acción política que pueda contener el abuso, los legisladores de otras entidades que hayan actuado responsablemente y sólo asignado 30 días, por ejemplo, se sentirán “tontos” y copiarán la práctica el próximo año –porque además no hay premios para quienes hacen las cosas correctamente.

Si un delegado de Iztapalapa maneja y choca en presunto estado de ebriedad una camioneta Jeep Grand Cherokee prestada, propiedad de una empresa constructora a quien él ha asignado contratos y, en lugar de presentar su renuncia inmediata, da explicaciones disparatadas y confusas, su reacción sólo invita a que otros funcionarios de la delegación abusen del poder en todos los niveles de la escalera burocrática.

En muchas entidades del país los consejeros electorales están aumentando sus salarios. En Tamaulipas, por ejemplo, el presidente lo aumentó en 26 por ciento. Ya la reforma electoral significó el aumento del número de consejeros en muchas entidades del país, así como el aumento del financiamiento público a los partidos con registro estatal de 50 por ciento en promedio. Y ahora las autoridades hacen lo mismo con sus ingresos.

En noviembre la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto federal para 2015. El precio del petróleo ya empezaba su curva descendente. En lugar de revisar los montos y proponer medidas de reducción ante la situación económica, todo fue como siempre: más gasto, falta de revisión de la eficacia de los programas públicos, miles de millones para proyectos etiquetados (que con frecuencia dan lugar a sobornos y moches) y programas clientelares que benefician a intermediarios pero no necesariamente a la población.

La semana pasada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó su presupuesto interno para 2015 de casi dos mil millones de pesos, que incluye 400 millones para liquidaciones de trabajadores, muchos de quienes sólo laboraron tres años ahí. Buena parte de ese presupuesto no está justificado y parte de él es para subvenciones de grupos parlamentarios, que con frecuencia es dinero para labores políticas, pago de campañas o uso personal.

Todos estos fenómenos de abuso, corrupción y falta de prudencia en el ejercicio de las funciones públicas explican parte del descontento social, la caída de la confianza en las instituciones políticas y constituye el germen de una eventual implosión social –ojo, no revolución. Implosión significa un eventual punto de quiebre, una crisis terminal de confianza en el sistema de partidos, un deterioro del liderazgo global de la clase gobernante. Ayotzinapa y la “casa blanca” han sido sólo catalizadores de un descontento en gestación por mucho tiempo.

Por eso el decálogo que propuso el presidente Peña Nieto a fines de noviembre fue tan tibio, porque no ataca de forma inmediata el abuso del poder que ocurre de forma cotidiana en muchas instituciones y poderes públicos, notoriamente los legislativos y judiciales, los partidos mediante el financiamiento que se autoasignan, algunos órganos autónomos y muchos gobiernos estatales y municipales.

El crecimiento mediocre de la economía mexicana, la caída del precio del petróleo, el colapso de la confianza institucional y los brotes de violencia después de Ayotzinapa han sido insuficientes señales para que la clase política se conduzca con más responsabilidad, dignidad y prudencia. Muchos funcionarios sí lo hacen, pero cada vez son visibles más los casos de quienes no lo hacen.

El deterioro se puede detener desde abajo (la implosión social con todos los costos que ello implica) o desde arriba, con liderazgo político, eso es, directrices y ejemplos que vinieran desde el Poder Ejecutivo en materia de austeridad responsable (no aquella de reducir 50 por ciento los salarios), uso responsable y eficaz de los recursos públicos, evaluación de los programas públicos y sanciones expeditas a quienes trafican o abusan del poder. Hay maneras más eficaces de combatir la política del botín que la creación de nuevas leyes que darán resultado en mucho tiempo. Hasta ahora no hay señales de que ese liderazgo se vaya a detonar. Enero es la última esperanza. Ojalá se materialice.

Twitter: @LCUgalde