Opinión

El boquete que dejará la reforma energética

10 febrero 2014 4:15 Última actualización 21 octubre 2013 5:2

 
Dolores Padierna Luna
 
Al abandonar su proyecto de generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el gobierno de Enrique Peña Nieto perdió uno de los ejes centrales de su proyecto y terminó presentando una reforma de chile, dulce y manteca que no ofrece una solución de fondo al grave problema de la recaudación.
 

Esa peculiar mezcla pretendía ocultar, en el paquete hacendario, una aprobación de facto de cambios ligados a la reforma energética. Una vez descubierto el estratagema, la Secretaría de Hacienda debió sacar la Ley Hidrocarburos del paquete.
 

Sin embargo, para gran parte del país está muy claro que el gobierno de Peña Nieto no ha modificado sus prioridades. Y la central entre ellas es tener a mano ingresos tributarios adicionales que subsanen la pérdida de ingresos petroleros, que será una de las consecuencias de la reforma energética que se pretende aprobar.
 

El gobierno federal borró de su propuesta el IVA generalizado debido a que hubiese enfrentado un fuerte descontento popular o bien, como dijo un integrante del gabinete, porque 14 millones de mexicanos de clase media habrían pasado de inmediato a engrosar las filas de la pobreza.
 

Como fuere, el gobierno quiso adornar su propuesta hacendaria como una gran “reforma social” y aparentemente despetrolizada. Al entrar en detalles, sin embargo, vimos que la cacareada pensión “universal” para los adultos mayores apenas atenderá al 3 por ciento de ese grupo de población y que el seguro de desempleo es una caravana con sombrero ajeno, puesto que será pagado por el fondo de vivienda de los trabajadores.
 

Los magros o discutibles beneficios anteriores se ven ensombrecidos por los duros golpes tributarios que recibirán los pequeños contribuyentes y por el incremento del ISR a las clases medias, a los medianos y pequeños empresarios.
 

Con el viejo artilugio de cambiar nombre a las cosas sin transformar su contenido, la propuesta peñista mantiene el régimen de consolidación fiscal, que permitirá a los más ricos del país deducir supuestas pérdidas y enterar al fisco utilidades ridículas. Así, los miembros de esa élite seguirán apareciendo en la lista de Forbes, mientras los contribuyentes cautivos pagan entre 31 y 35 por ciento de ISR.
 

En la línea de presentar como “de gran calado” reformas que no lo son, se anuncia una tasa de 7.5 por ciento a la minería, que corrige parcialmente el absurdo de que las trasnacionales del ramo pagarán sólo 0.3 por ciento, pero que está todavía muy lejos de las tasas que esas mismas empresas pagan en América del Sur (que van de 35 a 39 por ciento).
 

En la feria de las dispensas impositivas, los monopolios de telecomunicaciones y radiodifusión son grandes ganadores: no sólo tendrán concesiones únicas para el triple play, sino que pagarán el derecho de uso del espectro radioeléctrico hasta… que haya terminado el sexenio de Peña Nieto.
 

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría un gravamen de 10 por ciento a las utilidades de las personas físicas por la enajenación de acciones en la Bolsa de Valores. En este tema algunos echan las campanas al vuelo –porque se sabe que es un terreno de exorbitantes ganancias especulativas–, aunque no se grava, como ocurre en otros países, el total de las transacciones.
 

Entre los cambios parciales se lamenta la falta de una propuesta seria sobre cómo hacer más eficiente el gasto público. Igualmente, brillan por su ausencia las medidas anticorrupción, las propuestas para hacer más transparente el gasto y, especialmente, para reducir los altísimos salarios de la burocracia, sin contar canonjías y bonos no justificados.
 

En lugar de reducir sus gastos, algo que es posible y deseable, el gobierno federal opta por pedir mayores sacrificios fiscales a la sociedad.
 

Creemos que el gobierno puede gastar mejor y que el pequeño sector más rico del país debe pagar impuestos como lo hacemos el resto de los ciudadanos. No puede haber un verdadero cambio si persisten los regímenes de privilegio. Esa es la batalla que estamos dando en el Senado.