Opinión

El amargo conflicto

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Droga

En una serie de artículos que publiqué a partir de 2010, exploré la hipótesis de que la política del gobierno de Felipe Calderón, de capturar de forma indiscriminada a los grandes capos del crimen organizado, había tenido el efecto perverso de generar violencia. Esta hipótesis generó en su momento la molestia de algunos funcionarios del gobierno federal. Los críticos consideraban que, más allá de la validez de la hipótesis, ésta suponía una renuncia al imperativo de llevar ante la justicia a los criminales de mayor peligrosidad. Por supuesto, el hecho de que la captura de capos genere violencia no implica que el gobierno deba dejarlos trabajar en paz. Mi posición al respecto fue desde un inicio que se debían seguir llevando a cabo capturas, pero que era necesario establecer nuevos criterios para seleccionar y priorizar los blancos, así como tomar medidas complementarias para evitar que detonaran episodios de violencia.

En “Federalismo, Drogas y Violencia”, un artículo publicado en el último número de la revista Política y Gobierno, Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame, y Sandra Ley, del CIDE, presentan los resultados de un análisis realizado con una nueva base de datos de la violencia el crimen organizado de 2006 a 2012. El estudio de Trejo y Ley confirma que las capturas de capos generan violencia. Sin embargo, sus hallazgos van más allá. Haciendo uso de un modelo estadístico riguroso demuestran que, manteniendo otros factores constantes, en comparación con los estados gobernados por el PAN, ahí donde el gobernador era de extracción priista la violencia fue 32 por ciento mayor. Sin embargo, el hallazgo más revelador es que en los estados donde el gobernador era perredista la violencia fue 162 por ciento más alta.

La conclusión a la que Trejo y Ley llegan es gravísima. Implica que en el gobierno de Calderón se tomó la decisión más o menos consciente de dejar a su suerte a la población que vivía en estados gobernados por la izquierda. En sus palabras, “…la evidencia muestra que el problema subyacente fue el amargo conflicto partidista entre izquierda y derecha.” De acuerdo con los autores, el conflicto de polarización y confrontación que siguió a la elección de 2006 (en la que AMLO no reconoció la derrota) explica que el gobierno de Calderón se negara a colaborar con gobernadores perredistas.

La hipótesis de Trejo y Ley es sugerente, y el análisis estadístico que sustenta sus hallazgos es impecable. Por otra parte, la interpretación que hacen de sus hallazgos es un tanto extrema. No exploran una alternativa: que más que una decisión por parte del gobierno federal de “abandonarlos estratégicamente”, el problema fue que los gobiernos de izquierda fueron menos cooperativos precisamente por su desconfianza o repudio hacia la figura de Felipe Calderón. Muy probablemente en la práctica ocurrieron las dos cosas (en ocasiones el gobierno federal quiso castigar a los gobiernos de izquierda y en ocasiones éstos se negaron a colaborar).

“Haiga sido como haiga sido” la confrontación entre Calderón y los gobernadores del PRD causó un gran daño. En primer lugar a la población de estados como Guerrero y Michoacán, que a la fecha siguen convulsionados por la violencia del crimen organizado, pero también al partido del presidente. Una vez que inicia una crisis de violencia, no es fácil controlar su evolución; se puede extender a entidades vecinas o perpetuarse a lo largo del tiempo. La incapacidad del gobierno de Calderón para revertir el incremento en los homicidios y otros delitos de alto impacto es uno de los principales factores que explican la debacle electoral del PAN en 2012.

Una buena noticia es que al parecer hubo un aprendizaje, así fuera inconsciente, de la dura lección que han sido las prolongadas crisis de violencia y gobernabilidad en estados como Guerrero y Michoacán. Si bien sería necesario realizar un análisis sistemático (como el que Trejo y Ley llevaron a cabo para el sexenio pasado), a primera vista no se advierte que el gobierno de Enrique Peña Nieto escatime el apoyo o sea incapaz de colaborar con los gobernadores de otros partidos, incluyendo los de izquierda.

Por ejemplo, se ha mantenido una relación de apoyo a la instauración del Mando Único en Morelos, estado gobernado por el PRD.
Recientemente, cuando algunos alcaldes entrantes intentaron boicotear el Mando Único, el gobierno federal mandó elementos para apoyar al gobierno del Graco Ramírez a mantener la seguridad en todo el estado. Asimismo, se ha mantenido una buena relación de trabajo con Silvano Aureoles, el gobierno perredista de Michoacán que inició su gobierno con una agenda ambiciosa de desmovilización de grupos de autodefensa. El siguiente paso sería que el gobierno federal y los gobernadores lograran acordar un nuevo arreglo institucional para lograr que la profesionalización policial (a la que en muchos estados y municipios todavía se le da la vuelta) se concrete en todo el país.

Twitter: @laloguerrero

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